El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón volvió a desplazarse a Colombia la pasada semana junto a la fiscal anticorrupción Ana Cuenca para rastrear, por tercera vez, los orígenes del pelotazo de la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II, según informa hoy elconfidencial.com.
El digital subraya que “los encargados del caso Lezo han apuntalado, en esta ocasión, los indicios con los que contaban sobre los orígenes del pelotazo de la compra de Inassa en el año 2001 que han conducido al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón a una imputación por la adquisición inflada de la empresa colombiana.
Señala el medio online que “magistrado y fiscal han recorrido más de 20.000 kilómetros e interrogado a cuatro testigos para rastrear cómo se inició la operación que desembocó en la orden del Gobierno regional al Canal de Isabel II de iniciar su primera aventura empresarial al otro lado del Atlántico”.
Recuerda elconfidencial.com que según el ministerio público, pudo generar una “ilícita plusvalía de 66 millones de euros a costa del erario de la Comunidad de Madrid”. Desde el principio, los investigadores han tenido claro que sus pesquisas debían dirigirse a determinar la identidad de los directivos de varias empresas públicas y mixtas que participaron en esta adquisición y que “adoptaron las presuntas decisiones ilícitas”.
Explica este medio que todo arrancó, sin embargo, dos años antes de 2001. La pista conduce a Aguas de Barcelona (Agbar), una de las firmas vendedoras, que logró multiplicar por 10, en solo unos meses, el coste de una empresa que había adquirido mucho más barata. El embrión del negocio es la Triple A, compañía que llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla.
Por ello, el digital explica que 2gran parte de las declaraciones que han escuchado durante estos días el instructor y la representante del Ministerio Fiscal se han centrado en el personal de la suministradora de Baranquilla. Desde el responsable de seguridad hasta varios miembros del área administrativa. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Compró las acciones la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.
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