Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid
El juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, ha decidido profundizar en la investigación de los contratos de la trama con el Ayuntamiento de Valdemoro, epicentro del caso, y ha imputado a cuatro ex altos cargos del Consistorio acusados de falsificar facturas para empresas como Waiter Music, una de las empresas implicadas en la financiación ilegal del PP de Madrid.
Lo desvela eldiario.es que dice haber tenido acceso al auto en el que el magistrado accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el 25 de octubre presentó un escrito en el que pedía que se investigase a cuatro personas que ostentaron cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento que estuvo gobernado por Francisco Granados y en el que la Púnica echó raíces.
Entre los imputados –siempre según el digital que dirige Ignacio Escolar- está Manuel Salguero Cornejo, que fue alcalde de Valdemoro en funciones por el PP cuando fue detenido el entonces regidor, Carlos Boza Lechuga, por su implicación en esta misma causa. El bastón de mando tendría que haber recaído entonces en Germán Alarcón, cuñado de Granados, pero renunció.
El juez también ha imputado a Jesús Molina de la Torre, antiguo secretario general del Pleno del Ayuntamiento, Juan Carlos Moreno funcionario del Ayuntamiento, y Pedro Hernández Zazo, exresponsable de equipamientos y servicios.
Las investigaciones desarrolladas hasta el momento, según eldiario.es, apuntan a la participación de los cuatro nuevos imputados “en la confección de facturas ficticias que tuvieron repercusión en el erario público”. Además, añade que los cuatro habrían cometido “irregularidades de las adjudicaciones” a las empresas de la trama, entre las que se cita a Waiter Music, Valescar y Oasis y Cafeterías.
Según el auto del juez, los implicados se saltaron los elementos “principales” en una adjudicación pública, como la solvencia económica o las obligaciones con la seguridad social. Los distintos baremos “fueron obviados y alterados en otros casos”, concluye. García Castellón no concreta los delitos, y se limita a señalar que están imputados por delitos contra la administración pública.
El juez continúa de esta manera con la investigación al Ayuntamiento que se ha erigido como el epicentro de la Púnica. La trama echó raíces en el pueblo madrileño gobernado por Granados y del que era su socio, el constructor David Marjaliza. Este último volverá a declarar ante el juez el próximo lunes y se enfrentará a las preguntas de los abogados del resto de acusados.
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