Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dictó el pasado mes de septiembre un auto para bloquear y posteriormente incautarse del contenido de una caja fuerte hallada por la Guardia Civil a nombre de la madre de Lourdes Cavero, esposa del expresidente madrileño Ignacio González, y que podría haber guardado ‘dinero b’ del exdirigente popular.
Así consta en un auto, fechado el pasado 28 de septiembre de 2017, incorporado al sumario del caso ‘Lezo’, del que informa Europa Press, y que fue motivado por la petición de la Fiscalía y de la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras hallar en un registro un portátil de Lourdes Cavero con un documento sobre esta caja de seguridad.
Dicho escrito responde a un contrato con una entidad bancaria de una caja de seguridad alquilada por un plazo inicial de doce meses a nombre de la suegra de González abierta el pasado 7 de marzo de 2016, por un importe de 204 euros y con posibilidad de ser manipulada por otras personas autorizadas.
Los agentes, en sus conclusiones, solicitan al juez el registro teniendo en cuenta “los indicios obtenidos sobre la posible tenencia por parte del matrimonio González Cavero de dinero oculto procedente de sus actividades criminales”.
También subrayan “la sistemática colaboración de su entorno familiar y ante la posibilidad de que el alquiler de esta caja de seguridad a nombre de la madre de Lourdes tuviera como finalidad oculta la titularidad real de la caja de seguridad y se pudiera encontrar en su interior dinero en efectivo no declarado o documentación intimidatoria relacionada con las operaciones ilícitas en las que hubiera participado” el propio Ignacio González u otros investigados en la causa.
La UCO destaca, asimismo, en la petición al juez, que las medidas de investigación llevadas a cabo “han permitido constatar y evidenciar que Ignacio González disfruta personalmente de dinero b en metálico que trata de introducir en el sistema financiero legal”.
Así lo confirman, explican, las afirmaciones de dos de sus más allegados, en referencia Edmundo Rodríguez y Maria Fernanda Richmond, ambos investigados en la causa, durante una de las conversaciones en la que comentan la disponibilidad de “dinerillo b” por parte de González y que su “situación financiera y patrimonial carece de justificación”.
Además, indican que es el propio González quien confirma durante una conversación con su hermano Pablo su “disponibilidad de dinero b” así como “a precaria situación económica de sus cuentas que requieren de afloramiento de este capital”.
La información obtenida por la Guardia Civil apunta a que “parece haber instrumentalizado varias operaciones tipo préstamos privados o facturación ficticia” entre el propio González, su padre y la empresa instrumental controlada por su
“Estos hechos parecen acreditar la disponibilidad de un patrimonio opaco de origen indeterminado por parte de Ignacio González y de su mujer y la utilización sistemática de su entorno familiar más cercano en el desarrollo de sus actividades ilícitas”, añaden desde la UCO.
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