El juez anula la decisión de Carmena de disolver los ‘antidisturbios de Gallardón’

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha anulado la resolución del 6 de abril de 2016 del Ayuntamiento de Madrid, por la que se suprimieron las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), los conocidos como antidisturbios de este cuerpo, creados cuando era alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

La decisión fue recurrida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) al modificar la relación de puestos de trabajo de la Policía Municipal y es este sindicato quien informa de la sentencia y anuncia que va a pedir la ejecución provisional de la sentencia para volver al momento anterior a la disolución de esta unidad de antidisturbios, con independencia de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento recurran esta resolución.

El sindicato recuerda que “impugnó judicialmente la citada resolución de 6 de abril de 2016 de la Gerencia de la Ciudad, que modificó la RPT y la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno, Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento ya que “significaba la amortización de 78 puestos de policía, el cambio de adscripción otros 121 puestos y la modificación del complemento específico por cambio de turno y cambio de adscripción de 109 puestos vacantes”.

Ahora, el juez declara la nulidad de dicha resolución porque el Consistorio modificó unilateralmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía “sin seguir el procedimiento sobre negociación colectiva, con cita del sindicato actor [CSIF] y a todas las organizaciones sindicales que procedan”.

El sindicato considera que “esta sentencia va un paso más allá de las dos dictadas por sendos juzgados de lo Contencioso-Administrativo (los números 12 y 18 de Madrid) el pasado mes de junio, que, también a instancias de CSIF, anularon las resoluciones por las que se desmantelaron las UCS. Sin embargo, esta última sentencia, anula la modificación de la RPT efectuada por el Ayuntamiento, lo que obligaría a rehabilitar las unidades desmanteladas y a devolver a los agentes a dichas unidades”.

Precisando que “mientras que las otras dos sentencias anulaban las órdenes a los agentes de incorporarse a unidades de distrito por ser nulas, pero no reconocían el derecho a volver a una unidad desaparecida, ahora, con la sentencia del juzgado número 9 de lo Contencioso-Administrativo, la desaparición de las UCS es un acto nulo, lo que deja la puerta abierta a pedir la reincorporación de los agentes”

Según la sentencia, publicada hace pocos días, “las materias de las que trata el acuerdo impugnado” se refieren a «aquellas que exigen la negociación colectiva”. Para el magistrado, no cabe duda de que CSIF, como organización sindical, “ostentaba un derecho, el de intervenir en el proceso de elaboración de ese nuevo listado de puestos de trabajo sometido a la exigencia de negociación colectiva”.

Y explica el sindicato que para justificar la sentencia, el juez cita el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y varias sentencias del Tribunal Supremo, una de las cuales, de noviembre de 2011, señala que “resulta claro que la creación de unos nuevos puestos de trabajo, aun por provisionales que pudieren ser, con base en el amparo de dicha potestad autoorganizativa del Ayuntamiento (…), con la correspondiente asignación de cometidos y fijación de niveles retributivos, son decisiones sujetas a la exigencia de negociación colectiva”.

Menores salarios

El sindicato precisa que desde que se anunció la decisión de desmantelar las UCS, a principios de 2016, CSIF mostró su total oposición, ya que suprimía o restringía derechos reconocidos a los 135 trabajadores afectados, y significaba una pérdida retributiva que rondaba los 340 euros al mes por agente.

Las Unidades Centrales de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid estaban especializadas en el mantenimiento general de la seguridad ciudadana, aseguramiento de espacios públicos, control de masas, graves catástrofes públicas y situación de alerta policial.

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