Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado, a petición de la Fiscalía, el archivo de las piezas por la comercialización de participaciones preferentes de Caja Madrid y Bancaja dentro del caso Bankia.
El juez Andreu da razón a la Fiscalía, que consideraba que de lo instruido no ha quedado acreditado que la entidad emitiera participaciones preferentes “con el objeto de engañar a los inversores de forma global a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión. Tal posibilidad, no era siquiera fácilmente predecible en 2009 sin que sea admisible un juicio retrospectivo de intenciones a la luz de los acontecimientos ocurridos años después”.
El Ministerio Público señalaba en su informe que tampoco había quedado acreditado ni por vía testifical ni documental que los comerciales de las entidades recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se viniera a contradecir lo expuesto en los contratos y en los test de idoneidad que como se ha dicho se formalizaron por lo general adecuadamente, sin perjuicio de los defectos detectados por la CNMV y que la entidad corrigió siguiendo la sindicaciones del supervisor.
Las cajas fundadoras de Bankia, fundamentalmente Caja Madrid y Bancaja, llegaron a tener en circulación 6.231 millones de euros en preferentes y deuda subordinada, dejando atrapados a unos 230.000 clientes minoristas.
El grueso de las preferentes correspondía a la emisión que en mayo de 2009 realizó Caja Madrid. La entidad, entonces presidida por Miguel Blesa, lanzó una emisión de 1.500 millones de euros en preferentes, pero decidió ampliarla hasta 3.000 millones dada la alta demanda recibida. Estos títulos debían pagar un cupón del 7% durante los primeros cinco años, plazo a partir del cual la remuneración pasaría a ser de Euríbor más el 4,75%.
Tras el rescate público, Bankia, de la mano del Ministerio de Economía, puso en marcha un proceso de arbitraje para devolver el dinero a los afectados, aunque muchos otros acudieron a los tribunales para recuperar sus ahorros. En torno al 75% de los inversores han recuperado totalmente su inversión mediante el proceso de arbitraje o la vía jurisdiccional.
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