La comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la supuesta financiación ilegal del PP ha vuelto este martes a la actividad. Tras casi cuatro meses de parón este órgano ha reanudado sus trabajos con las comparecencias de algunos de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que investigaron el Gürtel. Entre ellos, Manuel Morocho, que dirigió la investigación de esta trama.
El inspecto jefe de la UDEF ha afirmado en la Cámara baja que hay indicios de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habría cobrado de la ‘caja b’ del PP. Y no fue el único. También los exministros Federico Trillo y Francisco Álvarez Cascos, así como Javier Arenas. El jefe del Ejecutivo, según Morocho, sería uno de los receptores “indiciariamente” de los fondos de la mencionada caja en ‘b’.
Asimismo, ha confirmado la existencia de una “organización delictiva” desde los años 90 hasta 2009, cuando tiene lugar la intervención judicial. “Lo que hemos estado investigando”, ha explicado el inspector jefe a preguntas de los diputados, “es una estructura organizativa conformada por una estructura empresarial de base cuyos objetivos” se centraban en conseguir adjudicaciones de las administraciones públicas y prestar “servicios” al PP. Esto posibilitaba al partido de Rajoy “mecanismos de financiación” y el cobro de comisiones a algunos de sus dirigentes.
Para el ‘policía de la Gürtel’, tal y como se le conoce, es “corrupción en estado puro”. Lo que se pone de manifiesto con datos como el de las 200 personas que integraban la trama.
Previamente, Morocho ha explicado que la investigación “se ha centrado en lo que hoy en día son elementos indiciarios” al no existir sentencia firme y ha apuntado que los téntaculos de esta red se desplegaron por los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Madrid, así como por la propia Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
