Jubilados y pensionistas en un parque de Oviedo
El Instituto Juan de Mariana ha elaborado un decálogo de medidas para «salvar la economía española» ante la «profunda» crisis que vive el país, entre las que se encuentran la supresión del salario mínimo interprofesional (SMI) y la eliminación de la paga extra de julio a pensionistas y a todos los funcionarios, con excepción de los sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tras sufrir lo que califica «el confinamiento más estricto del mundo», el Instituto señala que la economía española se ha visto sumida en la crisis más profunda de las economías desarrolladas después de la de Argentina, sin que las medidas adoptadas por el Gobierno vayan a servir para salir de esta situación.
Por ello plantea una serie de medidas que tienen dos objetivos: facilitar que la economía española pueda responder de forma rápida a la situación sobrevenida a causa del distanciamiento y de las medidas adoptadas desde el Gobierno, y reducir el gasto público para no generar más déficit y deuda.
Dentro de este segundo objetivo se encuadran las propuestas del Instituto de eliminar la paga extra a pensionistas y a casi todos los funcionarios, así como la de congelar todas las subvenciones previstas para 2021.
Para superar la recesión e impulsar la productividad, la institución plantea suprimir el SMI para facilitar la entrada en el mercado laboral de los colectivos con más dificultades de inserción; iniciar un proceso de reforma fiscal con el objetivo de reducir los tipos de IRPF y del Impuesto de Sociedades, y facilitar el rescate de la prestación por desempleo y de planes de pensiones.
Plantea además como alternativa a los confinamientos generalizados la de blindar a los grupos de la población que son más vulnerables a la incidencia del virus.
A corto plazo y para inyectar liquidez en la economía, el Instituto aboga por acelerar el pago de las deudas pendientes de las administraciones públicas con sus proveedores, y conceder avales para líneas de crédito equivalentes a tres meses de la facturación de 2019 a todas las empresas y autónomos que lo soliciten.
Esta propuesta, explica, se llevaría a cabo en colaboración con el sistema financiero y el Estado avalaría entre un 15% y un 25% de las líneas de crédito aprobadas por las entidades.
Propone además aplazar hasta 2023 todas las obligaciones tributarias del primer y segundo trimestre de 2021, incluidas las cotizaciones sociales, a las empresas que lo soliciten.
En cuanto al uso de los fondos europeos, la institución realiza una doble propuesta: acometer rebajas puntuales de impuestos en 2021 y 2022 financiadas con el dinero de la UE, y destinar los recursos a provisionar un fondo que cubra las pérdidas derivadas de los avales a empresas.
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