A pesar de que en el último año ha aumentado el ritmo de concesiones y se ha favorecido la incorporación de nuevos perceptores, esta asociación asegura que “no son suficientes para que esta prestación alcance los objetivos previstos cuando se aprobó hace ya tres años”. Únicamente el 20,8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del ingreso mínimo, 1.752.467 personas, de las cuales 755.752 son menores, afirma. O lo que es lo mismo, a un 80% de la población en esta situación no le llega.
Según el análisis realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el IMV solo alcanza al 76% de los beneficiarios previstos, por lo que “todavía quedan casi 550.000 personas beneficiarias” por incorporar al mismo “para llegar al objetivo de los 2.300.000 personas previstos al inicio” de esta medida.
A esto hay que sumar una cobertura desigual en el territorio nacional con comunidades autónomas que tienen una baja cobertura sobre las personas bajo el umbral de la pobreza. En este sentido, destacan Baleares (11,4%), Canarias (12,3%) o Cataluña (14,5%). Por su parte, en Ceuta y Melilla los datos llegan al 43,2% y 40,3% respectivamente, mientras que en La Rioja es del 32,7% y en Aragón del 28,3%.
Las directoras y gerentes de Servicios Sociales detallan también que en el último año se han incorporado a la percepción del IMV 700.000 personas, “aumentando en un 70% el número de beneficiarios y ha multiplicado por tres la cobertura del sistema de rentas mínimas de las comunidades”.
“En el año 2022 se ha superado por primera vez la inversión en Rentas Mínimas que en 2020 hicieron las comunidades, llegando a una inversión del Ingreso Mínimo Vital de 2.512,82 millones de euros”, asegura la asociación.
Sin embargo, lamenta que solo una de cada cuatro solicitudes es aprobada, “el resto son denegadas”. “Quizá el sistema de gestión implantado, a través de la web y sin apoyo de ningún personal que conozca los requisitos y el proceso o quizá la imposibilidad de conseguir cita presencial en las oficinas del INSS, en los últimos tiempos sean algunas de las causas de este desperdicio de tiempo de los ciudadanos en la solicitud y del INSS en la gestión”, considera.
A esto ha que sumar, recrimina al departamento de José Luis Escrivá, que el año pasado el Ministerio de Inclusión “no ha sido capaz de ejecutar el total del presupuesto del ingreso mínimo vital”. Tal y como desvela, “se han devuelto 453 millones de euros que habrían servido para sacar de la pobreza a 250.000 personas”.
“Los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside, sin embargo, desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no se ha establecido ninguna coordinación”, critica la asociación, “algo que hubiera ayudado de manera clara a la implantación del IMV, haciendo que mejorase la situación económica de las familias”.
