Banco Popular
Con unos días de retraso -la Junta Única de Resolución (JUR) prometió hacerlo en enero- finalmente hoy se ha publicado la documentación “no confidencial” en la que la autoridad europea basó su decisión de resolver Banco Popular a principios de junio. La documentación hecha pública hoy arroja nuevos datos sobre la crisis del banco que presidía Emilio Saracho, si bien tal y como se temía, aparecen tachadas no pocas cifras, palabras y hasta párrafos completos, en gran parte por decisión del Banco Central Europeo (BCE).
La parte central de esta documentación es el polémico informe de Deloitte en el que se basó la decisión final para el Popular. La auditora contempló tres escenarios posibles para realizar su valoración sobre el banco: en el más optimista de todos se le daba una valoración positiva de 1.300 millones de euros y en el más pesimista de -8.200 millones. En el escenario base la valoración era también negativa, de -2.000 millones de euros.
El principal problema que Deloitte detectó en el Popular es el referido a las provisiones, tras los riesgos inmobiliarios acumulados en el balance de la entidad en el momento álgido de la burbuja. El banco que presidía Emilio Saracho tenía un déficit de provisiones de 5.300 millones de euros en el mejor escenario contemplado, cifra que se elevaba a los 6.600 millones en el base y a los 10.400 millones en el peor imaginado.
La publicación de este informe parcial difícilmente pondrá fin a la polémica, teniendo en cuenta que la documentación aportada por la JUR incluye una carta de la propia auditora en la que se lamenta de que apenas dispuso de doce días para hacer un trabajo que en una situación normal requiere “al menos seis semanas”.
Debido a estas prisas, la JUR llegó a un acuerdo con la auditora para poner el foco en “los activos y pasivos clave en los que existe una incertidumbre considerable en su valoración”, según señala. Aun así, Deloitte advierte de que su informe contaba con un “alto grado de incertidumbre” y era sólo “provisional”, entre otras cosas porque faltaba “cierta información crítica”.
La documentación aportada hoy es sólo parcial, con hasta párrafos enteros tachados que pueden recordar a una película de espías. Esta ‘censura’, según ha publicado Expansión, se ha debido en parte a la decisión del BCE de no dar a conocer los datos concretos de liquidez y colaterales, así como del acceso a la liquidez de emergencia (ELA) que tuvo el Popular. Tampoco habrían permitido que saliesen las cifras de la fuga de depósitos que acabó acelerando la resolución de la entidad.
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