La Dana dejó 229 personas fallecidas -entre ellos 9 niños y niñas-, así como 200.000 niños y niñas afectados y 16.000 viviendas dañadas.
El estudio, en el que se ha consultado a más de 2.300 familias afectadas por la tragedia y a profesionales de los servicios sociales, de la educación, de las ONG y a responsables políticos, revela que aproximadamente el 24% de la infancia valenciana afectada sigue teniendo problemas para dormir y que más del 30% reconoce sentir miedo a la lluvia, las tormentas olos truenos.
“Mayor ansiedad” o “estrés persistente y dependencia de pantallas como mecanismo de escape”, son algunos de los cambios en el comportamiento de estos niños y niñas. Los adolescentes manifiestan dificultades de concentración (12,4%), pasan más tiempo con dispositivos electrónicos (11%) y prefieren el aislamiento social (7%).
Save the Children advierte de que el acompañamiento social y emocional de niños, niñas y adolescentes ha sido “muy deficiente”, y “se ha fiado todo a su capacidad de resiliencia”. Actualmente, la principal preocupación de las familias (45,7%) es el estado emocional de sus hijos e hijas.
El colegio, “un salvavidas para la infancia”
La mitad de las familias (52,4%) reconoce que sus hijos e hijas han sufrido un retraso en el aprendizaje. “Ante cualquier emergencia, como la que vivimos en Valencia, es crucial que los centros educativos se reabran cuanto antes. En un contexto de crisis, ir a la escuela ayuda a recuperar un sentido de normalidad y esperanza para esos niños y niñas”, explica Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la región, detalla en una nota.
El colegio “no solo es un lugar de aprendizaje”, defiende la organización, sino “también garantiza servicios esenciales como el comedor escolar, “vital para muchas familias con menos recursos”. En octubre de 2024, más de 18.000 niños y niñas de las comarcas afectadas por la Dana dependían de una beca comedor.
“Mantenerlo abierto tras una emergencia asegura una alimentación saludable para los que más lo necesitan”, dice Hernández.
No poder asistir a la escuela ha afectado particularmente al estado emocional (71,6%) y relacional (33,3%) del alumnado. “Tras una emergencia, las heridas que más perduran en el tiempo son las psicológicas. En este caso, hemos echado en falta que la administración habilitara más espacios seguros, protectores y de buen trato hacia la infancia y la adolescencia para reducir el impacto psicoemocional de estos niños y niñas”, subraya el director.
Los niños, niñas y adolescentes de los municipios afectados por la emergencia han dejado de realizar actividades deportivas (45,4%), al aire libre (28%), recreativas o culturales (25%) y extraescolares (24,7%). “No entendemos cómo, todavía hoy, muchos de los espacios donde niños, niñas y adolescentes se relacionan siguen sin estar rehabilitados, cuando son esenciales para su desarrollo”, lamenta Hernández.
La crisis climática, “una realidad” para la infancia
Las lluvias, inundaciones y destrozos provocados por la Dana Alice este mes de octubre han reavivado el miedo de hace un año en la provincia. En junio, Save the Children alertaba que el 93% de los niños y niñas de esta región sufrirá al menos un fenómeno climático extremo al año, lo que convierte a la región en la cuarta región más expuesta de España.
Las familias en situación de pobreza son “las más expuestas” a sufrir las consecuencias de este calentamiento global. Esto se debe, detalla la organización, a que las poblaciones más vulnerables viven en zonas más impactadas por los eventos climáticos extremos y tienen menos capacidad de adaptación. “Las familias con menos recursos han visto cómo el impacto de la Dana en la vivienda y en el empleo les ha supuesto una enorme pérdida de poder adquisitivo y mayores dificultades de conciliación, especialmente en el caso de las familias monomarentales”, apunta Hernández.
El citad informe muestra que casi el 15 % de las familias encuestadas perdió su vivienda y que una de cada cuatro considera que su hogar es ahora menos seguro para los niños, niñas y adolescentes que antes de la Dana. Además, cuatro de cada cinco familias (80,3%) residentes en los municipios de la “zona cero” viven en edificios aún con reparaciones pendientes o directamente en viviendas muy afectadas, pero en las que se ven obligadas a seguir residiendo.
