El anteproyecto prohíbe la publicidad de los combustibles fósiles, así como de los vuelos cortos siempre que haya otra alternativa más sostenible. También veta los anuncios de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles.
A esto hay que añadir la prohibición de la subida de precios en la reventa de entradas y se incluyen medidas para regular la ‘publicidad del miedo’, combatir la obsolescencia programada, evitar el greenwashing o ecopostureo y advertir al consumidor sobre el fenómeno conocido como reduflación.
Por otra parte, detalla el departamento de Bustinduy, la ley cuenta con iniciativas para incentivar la economía circular, el derecho a reparar o el fomento de elecciones de compra más sostenibles. En este sentido, traspone dos directivas europeas: la Directiva de empoderamiento para la transición ecológica y de Derecho a reparar.
“El objetivo de este Gobierno es incentivar a la industria para acelerar la transición productiva hacia modelos más accesibles y sostenibles, de tal manera que bajen los precios para los consumidores y consumidoras, pero también se avance de manera decidida en la protección del medio ambiente”, ha afirmado el ministro. Según Bustinduy, “la justicia social, la equidad y el ecologismo deben caminar de la mano”.
En esta línea, el ministro de Derechos Sociales y Consumo también ha avanzado que trabajará de aquí en adelante para que esta norma incorpore durante el proceso de tramitación “un paquete fiscal que garantice que quienes más contaminan, que son los ricos, paguen lo que les corresponde”.
Fin a la publicidad de los combustibles fósiles
Esta Ley de Consumo Sostenible prevé prohibir cualquier tipo de publicidad sobre productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados de origen fósil, en los que no participan componentes renovables. La limitación se aplicará cuando los anuncios sean emitidos por empresas del sector del carbón o del petróleo quedando excluida de esta prohibición el gas.
Esta modificación legal tiene como objetivo “reducir la presencia de productos o servicios basados en energías fósiles, como la gasolina, que contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire”.
La norma también contempla la prohibición de la publicidad de los vuelos cortos cuando existe una alternativa más limpia y que no suponga un aumento de más de dos horas y media del trayecto. La prohibición se aplicará únicamente cuando el trayecto tenga origen y destino dentro del territorio peninsular.
Por último, la prohibición también afectará a la publicidad de los vehículos que sean impulsados exclusivamente por combustibles fósiles y, por tanto, sean más contaminantes.
Medidas contra la ‘publicidad del miedo’
Consumo regulará también la conocida como ‘publicidad del miedo’, que “basa su efectividad en presentar escenarios extremos o improbables, como robos violentos o vulnerabilidades catastróficas, con el propósito de generar una sensación de urgencia o vulnerabilidad en las personas”.
La ley obligará a que estas comunicaciones comerciales vayan acompañadas de información cuantitativa o estadística que permita a las personas consumidoras hacer una valoración real del riesgo.
Combatir la obsolescencia programada y el ecopostureo
La norma que impulsa el ministerio que lidera Pablo Bustinduy, busca también combatir el ‘ecopostureo’ o ‘greenwashing’, que hacen referencia a las técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que son usadas por parte de algunas empresas para “publicitar sus productos o servicios como sostenibles sin que esas supuestas cualidades tengan un respaldo científico”. Para limitar esta práctica la ley prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de sus productos o en su etiquetado.
Entre los ejemplos de afirmaciones medioambientales genéricas que se van a prohibir se incluyen: “respetuoso con el medio ambiente”, “amigo del medio ambiente”, “verde”, “biodegradable” y otras declaraciones similares. Con esta medida, el Ministerio busca generar unas relaciones de consumo que contribuyan activamente a la transición ecológica para hacer frente a la crisis climática.
Este objetivo también se persigue con la limitación de la obsolescencia programada. “Con esta práctica las empresas reducen intencionalmente la vida útil de productos como los electrodomésticos para que las personas los reemplacen antes de tiempo”, denuncia Consumo.
La propuesta del Ejecutivo incentiva la reparación de productos durante el plazo legal de garantía, aumentando este plazo en 12 meses adicionales cuando se opta por la reparación en lugar de la sustitución al hacer uso de la garantía. Igualmente, el productor, el comercializador o el importador cuando el productor esté fuera de la UE, deberán asumir el 20% del coste de reparación durante los dos primeros años tras el fin del plazo de garantía legal.
Esta obligación se sitúa en el 10% en el tercer año y en el 5% en el cuarto.
Actualizaciones de software
Asimismo, esta norma prohíbe ocultar información al consumidor sobre actualizaciones de software que afecten negativamente al funcionamiento de bienes con elementos digitales; prohíbe presentar como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad y, entre otras, prohíbe cualquier comunicación comercial en relación con un bien que contenga una característica introducida para limitar su durabilidad.
El texto del anteproyecto entra ahora en fase de audiencia e información pública, con el objetivo de recoger aportaciones y enriquecer la ley. Tras ello, el texto volverá a ser debatido en el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su aprobación.
