El Gobierno ha vetado la reforma de la Ley de Memoria Histórica presentada por el PSOE que plantea, entre otras cosas, exhumar los restos de Francisco Franco y sacarlos del Valle de los Caídos, así como crear un Banco Nacional de ADN y un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El motivo para este rechazo es económico. Según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, todo esto conllevaría un aumento de los créditos presupuestarios en más de 213 millones de euros.
Así se recoge en el escrito remitido al Congreso a última hora del miércoles, día en el que terminaba el plazo para que se pronunciara. En este documento del Ministerio de Justicia se afirma que “la tramitación” de esta proposición de Ley “generaría un incremento de los créditos presupuestarios de, como mínimo, 213.292.846,23 euros”. De ahí que el departamento de Rafael Catalá se oponga a su tramitación.
Según Justicia, la proposición del PSOE incluye “continuas menciones o descripciones de las que pueden derivarse consecuencias económicas-financieras que implicarán un incremento del gasto público”. Un ejemplo de esto es la dotación económica específica para el Valle de los Caídos “a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas, previa solicitud al efecto”.
El coste de todo esto, señala el ministerio de Catalá, superaría los 57 millones de euros. Únicamente en féretros para estos restos habría que pagar 11.844.350 euros, a razón de 350 euros por cada uno. Asimismo, el importe de las actuaciones arquitectónicas en las criptas, accesos y medios auxiliares necesarios sería de 400.000 euros y el de la manipulación de restos por personal especializado de 36 millones.
A esto se debería incluir los “costes derivados de las pruebas de ADN de identificación de restos óseos”. Justicia señala que los estudios de restos óseos procedentes de un columbario de 9 individuos del Valle de los Caídos “tendrían un importe aproximado/muestra post mortem analizada de 300 euros por cada análisis de extracción de ADN y obtención del perfil STR Autosómico, que habría de hacerse al menos por duplicado, lo que supondría 600 euros/muestra de hueso”.
Sin olvidar, continúa el ministerio, que “habría que añadir el análisis de las muestras de familiares de referencia que hubiera que analizar para identificar cada cadáver, así como la necesidad de, dependiendo de los familiares disponibles, realizar análisis de Cromosoma Y (con un coste de 600 euros a partir de muestra de exhumación y ADN mitocondrial (650 euros a partir de muestras de exhumación)”.
Por todo esto, Justicia cifra en casi 214 millones de euros el coste que supondría la proposición de Ley del PSOE. Algo a lo que se opone.
