El Gobierno veta la ley de Podemos para cerrar las centrales nucleares

El Gobierno ha comunicado al Congreso su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que presentó el grupo de Unidos Podemos-En Comú para el cierre progresivo de las centrales nucleares, y lo hace argumentando que su aplicación tendría importantes efectos presupuestarios pues mermaría la recaudación fiscal y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales.

Con este escrito, son ya 28 las iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos que el Gobierno del PP lleva vetadas en lo que va de legislatura, acogiéndose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteración de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto.

La proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú pretende cerrar las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

En el escrito enviado al Congreso y recogido por Europa Press, el Gobierno alega que “la contribución tributaria total de la industria nuclear en España1 ascendió a los 1.141 millones de euros en 2013” y que el cierre de las centrales mermaría la recaudación fiscal sin que ello fuera compensado por la energía alternativa.

Se recaudaría hasta 280 millones menos

Así, señala que la recaudación fiscal sufriría “una disminución muy notable» en relación con los impuestos específicos de la actividad nuclear (Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado e Impuesto sobre residuos radiactivos), cifra entre 210 y 280 millones de euros que se dejarían de recaudar.

En opinión del Gobierno, la actividad de una fuente de energía alternativa de sustitución, no se vería compensada por el hueco dejado por la nuclear dado que, en rigor, la nueva generación eléctrica sólo estaría sometida al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que también soporta la generación nuclear en identidad de condiciones.

Pero, además, el Gobierno argumenta que el cierre de nucleares obligaría a aumentar los créditos ya que “podría generar la exigencia de responsabilidad patrimonial por los titulares de instalaciones que tengan solicitada, en este momento, una renovación de su autorización y que puedan haber incurrido en gastos e inversiones”.

El Ministerio de Energía no ofrece una cifra concreta sobre este posible aumento del gasto, pero apunta “como orden de magnitud”, que “se calcula que la recaudación total de las centrales nucleares en el año 2016 ha sido de aproximadamente de 2.200 millones de euros».

Tampoco le vale al Gobierno la prevención del grupo parlamentario morado que había incluido una disposición ‘antibloqueo’ para demorar la entrada en vigor de las medidas que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos, pues advierte en esa cláusulas “serias dudas” en cuanto al principio de seguridad jurídica “toda vez que no podría saberse con certeza cuales son las disposiciones que adquirirían vigencia inmediata y cuáles la verían demorada”.

Pero, en todo caso, recalca que el derecho de veto del Gobierno por motivos presupuestarios «debe, cuando menos, entenderse referida a un escenario presupuestario plurianual, con vigencia para tres ejercicios, al que debe sujetarse la acción de gobierno, y éste a su vez en el objetivo de estabilidad presupuestaria que, con idéntica vigencia, fija el Gobierno y somete a la aprobación de las Cortes Generales”.

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