Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron a Europa Press que el Ejecutivo está estudiando la sentencia emitida por el tribunal y “sus implicaciones”, aunque considera que “en ningún caso afectará a los beneficiarios, que seguirán percibiéndolo como hasta ahora”.
“El Ejecutivo, en todo caso, ejecutará la sentencia y seguirá trabajando para proteger a los consumidores”, añadieron las mismas fuentes.
En una sentencia del pasado 31 de enero, y hecha pública la pasada semana, el Supremo declaró que el mecanismo de financiación del bono social eléctrico establecido por Decreto-ley en 2016 era contrario al derecho de la Unión Europea por discriminar a unas empresas del sector eléctrico frente a otras.
Esta era la tercera vez que el Alto Tribunal se pronunciaba en contra del modelo de financiación del bono. En las ocasiones anteriores, el tribunal lo había anulado al estimar que, de acuerdo a la jurisprudencia europea, era el Estado y no las empresas el que debía hacer frente a los pagos derivados de esa subvención en el recibo de la luz.
El sistema fue derogado en 2016, cuando se aprobó el actualmente vigente, que seguía imputando la práctica totalidad del coste a las empresas comercializadoras.
