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El Gobierno suspende un año más la búsqueda de los miles de desaparecidos

Valle de los Caídos

Este miércoles fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Un día dedicado a los centenares de miles de personas desaparecidas y que, un año más, vuelve a dejar en evidencia al Gobierno español.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha suspendido por incomparecencia la asignatura demandada desde diferentes organismos internacionales y desde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU: resolver las miles desapariciones que hacen de España uno de los países con más desaparecidos del mundo.

Según la Asociacion para la Recuperacion de la Memoria Historica, son como mínimo 114.226 personas desaparecidas las que se encuentran dentro de fosas comunes a lo largo y ancho del territorio español. Un número solamente superado por Camboya.

Con ese motivo, Amnistía Internacional ha lanzado la campaña: Nada es igual si alguien desaparece. Una acción digital que recuerda a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo y a sus familias y pide al Gobierno que realice las investigaciones necesarias para aclarar el paradero de estas personas.

“Queremos recordarle al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, cómo los casos de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo siguen estando vigentes en la actualidad”, recuerda la ONG en un comunicado.

Amnistía Internacional señala que en España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.

En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos en ese periodo.

El mayor ejemplo de ello, entre otros muchos, es la actitud del Gobierno con la querella argentina contra el franquismo. España ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini interrogue a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos.