“Los equipos técnicos están trabajando para ver la mejor forma de resolver la situación de las calderas de las comunidades”, ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la habitual rueda de prensa tras la cita de los martes en Moncloa. Este problema afecta en España a 1,6 millones de familias, que “pueden ver cómo sus facturas crecen exponencialmente”.
De ahí que el Ejecutivo de coalición haya incluido esta cuestión dentro del citado plan de ahorro. Más aún ante las reivindicaciones de los administradores de fincas con calefacciones centrales. Por el momento, no se quieren dar muchos detalles.
“Hay que ver si se crea una nueva tarifa, si se amplía el bono que puede dar cobertura a los integrantes de una comunidad de propietarios o cómo se articula”, se ha limitado a apuntar Teresa Ribera, quien ha remarcado que “estamos ultimando toda esta preparación con la finalidad de que los vecinos cuya calefacción depende de las comunidades de propietarios no queden en una situación que pueda llevarles a condiciones de facto de pobreza energética”.
La escaldada en el precio de la energía ha provocado que muchas comunidades de vecinos se debatan sobre qué hacer con la calefacción. Las propuestas son varias: de asumir la abultada factura que vendrá a retrasar su encendido, o recortar el horario en el que está puesta.
Además, el tiempo juega en contra del Gobierno porque el margen de las comunidades de vecinos para negociar precios con las comercializadoras es cada vez más limitado.
