Iñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación
El Gobierno se desentiende del ‘caso del máster’ que acorrala a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Si hace unos días era Mariano Rajoy el que se sacudía este asunto en una comparecencia en Buenos Aires junto a su homólogo argentino, Mauricio Macri, hoy lo ha hecho el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo. El ministro de Educación ha insistido en que se trata de una cuestión del “ámbito universitario” y que deben ser los partidos los que deben tomar una decisión al respecto.
“La posición del Gobierno ha sido la misma que me han visto expresar aquí. Se trata de un caso del ámbito universitario, de una cuestión que está investigando la universidad concernida”, ha afirmado Méndez de Vigo en la habitual rueda de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros en alusión a la Universidad Rey Juan Carlos.
El portavoz del Gobierno ha recordado que la URJC “pidió la participación en esa investigación interna a la Conferencia de Rectores”, que nombró dos profesores. Asimismo, “hay otras medidas que han sido enviadas a la Fiscalía”. Ante todo esto, ha defendido la necesidad de “esperar a que la universidad haga su trabajo” y conocer sus conclusiones. Lo que parece desconocer el ministro es que el rector ha procedido “a la suspensión del Procedimiento de Información Reservada que
se había abierto y al traslado de toda la documentación recopilada al Ministerio Fiscal”.
Para Méndez de Vigo “es bueno dejar que las cosas sigan su curso” y no actuar “con la cabeza caliente”. “No hay que dejarse llevar por los impulsos”, ha asegurado el portavoz del Ejecutivo, que ha evitado en todo momento apoyar explícitamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Dicho esto ha destacado que este asunto afecta a una presidenta de una comunidad “enormemente importante” y ha remarcado que la “estabilidad” de la región “es un factor capital”. El titular de Educación ha incidido en que en Madrid PP y Ciudadanos firmaron un acuerdo de legislatura, al que aún le queda “un año de vigencia” y son los partidos políticos los que tienen que posicionarse.
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