“Pese a sus carencias y lagunas iniciales”, señala Bildu en una nota, las negociaciones de los últimos meses han dado sus frutos. La Ley de Memoria Democrática cuenta, tras este pacto, con los apoyos suficientes para ser aprobada. El Gobierno salva esta norma tras incorporar algunas de las demandas de la formación vasca.
Según detalla EH Bildu, se ha cerrado “el compromiso del Gobierno español para adecuar el Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria, a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra”. De esta manera, el ejecutivo foral “podrá hacer uso de los terrenos del Fuerte para convertirlo en un Lugar de Memoria en los términos que se recojan en la normativa navarra, tal y como vienen reclamando diversas asociaciones memorialistas”.
Durante la Guerra Civil fue utilizado por el régimen franquista como cárcel para recluir a miles de presos políticos, recuerda EH Bildu. El 22 de mayo de 1938 tuvo lugar la conocida fuga masiva de San Cristóbal que dejó 207 personas muertas en las cunetas.
En el acuerdo también se contempla la cesión del espacio y las dependencias del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia, que “fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en el barrio de Aiete”. También fue “el lugar donde torturaron en 1983 a Lasa y Zabala antes de ser asesinados y enterrados en cal viva por miembros del GAL”.
Asimismo, detalla la formación vasca, se constituirá́ una Comisión independiente con la finalidad de “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos”.
También ha acordado con el Gobierno declarar de “manera explícita” en la ley la “ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del Golpe de Estado de 1936, así́ como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas”. Por último, se extenderá el límite temporal de aplicación de la Ley de Memoria hasta finales de 1983, “un avance relevante que permitirá́ abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá́ del 1978”.
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