Durante su defensa del decreto, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha presumido del “tiempo récord” entre la sentencia y la entrada en vigor de una norma que, ha dicho, integra también la jurisprudencia de dos sentencias anteriores -la primera del año 2017- sobre la no aplicación del impuesto cuando no hubiera incrementos de valor y de la imposibilidad de que la cuota fuera mayor a la propia plusvalía obtenida.
Montero ha subrayado que el impuesto “es plenamente constitucional” –“Conviene aclarar que el Tribunal Constitucional nunca cuestionó su naturaleza”- y que, con los cambios, su formulación, es “más justa”.
También ha recordado, anticipando la reclamación de fondos de compensación municipales, que los ingresos corrientes municipales en los nuevos Presupuestos son un 11% más a los de este año, 22.122 millones de euros, y que el impuesto se aplica en la mitad de municipios y que en un 75% de estos apenas supone el 3% de su recaudación.
Unas explicaciones que no han convencido al PP, que ha buscado un ‘careo’ con la ministra en la utilización del turno en contra -no correspondido por Montero, que ha descartado volver a intervenir- en el que su portavoz fiscal, Carolina España, ha lamentado cómo el Gobierno “ha perdido una oportunidad de oro para suprimir el impuesto”.
Es más, recoge Europa Press, ha dicho que su reformulación, modificando la esencia del mismo, su base imponible, “puede considerarse un nuevo impuesto”, algo que no se puede vehicular en un decreto ley, un argumento abundado por su homóloga en Vox, Inés Cañizares, que ha anticipado su recurso de inconstitucionalidad, entre acusaciones de “atraco”, “engaño”, y “esquilme” a los ciudadanos con el nuevo impuesto.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos han replicado a los populares ironizando cómo es posible que acusen al Gobierno de subir los impuestos cuando, tras la reformulación, piden compensaciones a los ayuntamientos, evidenciando que con este nuevo diseño realmente baja la recaudación. “Sea coherente no hay con su partido, sino consigo misma”, ha instado Txema Guijarro (Podemos).
Dos opciones para el contribuyente
Aprobado el pasado 8 de noviembre, el decreto ley busca adaptar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a la sentencia del Tribunal Constitucional, y que establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficiosa.
Así, el contribuyente puede optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria, o decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.
En caso de que no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda, quedará exento de pagar este impuesto. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición se tomará el que sea mayor de entre el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva facultad que se otorga a los ayuntamientos.
