El Gobierno ha decidido recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco José Couso, muerto por un disparo estadounidense en Irak en la guerra de 2003, porque la decisión judicial extiende el derecho de protección consular de tal manera que sería «inasumible para el Estado».
Así lo ha detallado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya que, además, ha revelado que la semana pasada ella se reunió con la familia Couso para explicarle la decisión del Ejecutivo.
La Audiencia Nacional había condenado al Estado a indemnizar a la familia de José Couso por no defender sus intereses frente a EEUU. El Estado había sido condenado a pagar 100.000 a la mujer y 41.000 a cada uno de los dos hijos del cámara de Telecinco muerto por disparos estadounidenses en Irak.
A su llegada al Senado, la ministra ha señalado que esa resolución «transforma el derecho de protección consular casi en la obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español que se encuentre en el extranjero».
«Eso abre de una manera tan extensiva el derecho de protección consular de una manera que es inasumible para el Estado, pero no lo es en el caso Couso, lo es en abstracto y en general», ha argumentado. Con todo, ha dejado claro que cuando la Justicia se pronuncie sobre el recurso el Gobierno lo aceptará.
Según ha dicho, ella quiso comunicarles la decisión del Gobierno personalmente a los Couso porque le parece «muy importante distinguir un doloroso caso personal con lo que es una responsabilidad más amplia que tendría que asumir el Estado» y es que la decisión judicial «abre una vía de agua tan grande al Estado en responsabilidad civil que es de difícil asunción».
En esa reunión, González Laya también transmitió a los Couso su «pesar personal y el del Gobierno» por su caso personal, y también les pidió «disculpas por la manera en que quizá este país se ha comportado con esta familia en el pasado».
En todo caso, ha señalado que el Gobierno ya indemnizó a la familia Couso, junto con otras víctimas de eventos similares, en virtud de un decreto ley sobre responsabilidad civil que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
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