La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. (Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)
Sánchez, que ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros, ha reconocido que “nuestra Intención” era aprobar el anteproyecto de ley derecho a vivienda en la reunión de hoy, pero finalmente no ha sido posible. No obstante, ha hecho un llamamiento a la “tranquilidad” para que la ciudadanía tenga “plena confianza en que esta ley va a ser una realidad que va a llegar pronto al Parlamento para su aprobación definitiva”.
El nuevo texto “contará con todas las garantías y toda la seguridad jurídica que requiere” una norma de este tipo, ha prometido la ministra. En ese sentido, aunque “hemos cumplido los plazos”, la aprobación se ha visto retrasada por la necesidad de solicitar al CGPJ un informe preceptivo sobre la nueva ley, ya que modifica tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sánchez ha recordado que aunque este informe del Poder Judicial es “preceptivo, no es vinculante”, si bien “respetamos y respetaremos” las objeciones que pueda presentar el CGPJ. “Estamos desarrollando una ley que cumple escrupulosamente con todos los trámites en forma y contenido”, ha aclarado a la espera de que se emita ese informe”.
Ante la insistencia de la prensa, la responsable de Vivienda del Gobierno ha señalado que “analizaremos el contenido del informe”, aunque ha aclarado que “es pronto para hacer hipótesis” porque todavía “no existe”. El Ejecutivo defiende que la Ley “cumple con las competencias atribuidas al Estado y a las comunidades autónomas”. En todo caso, “analizaremos el informe con voluntad de llevar la ley a la aprobación del Parlamento”, ha zanjado.
En ese sentido, ha negado también que exista un desacuerdo entre los socios de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en este asunto. “No hay ninguna fisura en el posicionamiento del Gobierno, sino el convencimiento de que es una ley sólida, bien armada técnicamente”. “La voluntad unánime es continuar con la tramitación de una ley que es absolutamente necesaria”.
Según ha defendido Sánchez, la nueva norma “ha de garantizar que el derecho a vivienda digna pueda ejercerse en condiciones asequibles”, así como “conseguir que la vivienda deje de ser un bien de lujo al que solo pueden acceder unos pocos”.
La semana pasada, el CGPJ rechazó, por 15 votos a 6, la propuesta de informe presentada por el vocal Álvaro Cuesta al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El órgano de gobierno de los jueces, que sigue en funciones, acordó designar a José Antonio Ballestero y Enrique Lucas nuevos ponentes y debatir el próximo día 27 de enero el nuevo texto.
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