El Gobierno ha descartado cualquier autorización de excarcelación de presos de ETA. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha asegurado que “no habrá ni progresión de grado ni mucho menos excarcelaciones”. Es más, ha recordado que las decisiones sobre presos, incluyendo los traslados, no es competencia del Gobierno.
Celaá, pese a negar que se vaya a hacer algún gesto, ha afirmado que Instituciones Penitenciarias y las juntas de tratamientos de los diferentes centros son los encargados, junto a jueces y psicólogos, de dar pasos sobre el futuro de los presos. Aun así, ha defendido el traslado de presos etarras.
“Este proceso se inició en torno a febrero o marzo”, ha matizado la portavoz del Ejecutivo, en referencia a que Rajoy reclamó un informe sobre la situación de los presos de ETA. De hecho, este movimiento no es el primero que se ha realizado. Celaá ha destacado que fue José María Aznar quien trasladó a 105 presos etarras contando con “el mayor respaldo y comprensión de la oposición”.
En este sentido, la portavoz del Gobierno socialista ha relatado que la decisión de Aznar fue apoyada por la oposición porque se entendió que era “una política orientada a una mejor convivencia y para una más rápida finalización del terrorismo”.
No obstante, Celaá ha pedido que se dejen a un lado “los titulares” sobre este traslado para no crear “ansiedad a las víctimas” con “especulaciones infundadas”. Por ello, ha explicado que le gestión se hará de manera “individualizada, de acuerdo a la legalidad y con absoluta transparencia, dignidad y justicia para las víctimas”.
