El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado algunos de sus planes que tiene con la Iglesia Católica. La Dirección General de Patrimonio del Estado ha avanzado al diputado socialista Antonio Hurtado que está preparando un listado de los “bienes de dominio público” apropiados por la Iglesia y que serían del Estado.
En la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo va más allá: en el caso de que se constate que la Iglesia ha inscrito bienes de dominio público como si fuesen privado, el Estado procederá a “una depuración física y jurídica”. Algo que, según el diputado del PSOE, podrá darse porque “estamos hablando de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesias, según datos facilitados por la propia institución”.
En declaraciones a la Agencia EFE, Hurtado ha explicado que los bienes de dominio público que se ha adjudicado la Iglesia “no son transmisibles”, por lo que “no se pueden adquirir por posesión, ni se pueden embargar”.
De hecho, Justicia ha recordado en su respuesta que, conforme a la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, “queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica”.
El diputado socialista ha calculado que cuando se haga público el listado, el número de inmuebles será amplio: “Va a haber iglesias, catedrales, plazas públicas, murallas, edificios históricos, va a haber de todo«.
Por último, en la contestación parlamentaria se asegura que correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si el Estado tiene algún derecho sobre dichos inmuebles, siempre sometido todo ello al derecho a la tutela judicial efectiva.
Aun así, el parlamentario ha manifestado que la solución “más rápida” pasaría por que la Iglesia “corrigiese el error de inmediato y de forma voluntaria diese de baja los registros”.
