La petición formalizada por Iberdrola y Endesa para extender la actividad de las centrales nucleares hasta 2030, con especial foco en la planta de Almaraz, ha encendido las alarmas en el Ministerio para la Transición Ecológica. Aunque las eléctricas plantean beneficios económicos y una bajada de la tasa Enresa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha descartado su validez al no cumplir con las condiciones exigidas, y por no estar firmada por todas las compañías implicadas, entre ellas Naturgy y EDP.
Propuesta sin unanimidad y sin cumplir las líneas rojas del Gobierno
El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado la recepción de una carta por parte de Endesa e Iberdrola para revisar el calendario de cierre nuclear, sin alterar la fecha final de 2035, pero proponiendo ampliaciones intermedias, como la de Almaraz hasta 2030. Sin embargo, el Gobierno considera que este documento es solo una declaración de intenciones, al no estar firmada por Naturgy ni EDP, compañías también firmantes del protocolo de cierre de 2019.
El Ejecutivo establece tres condiciones básicas para aceptar una prórroga: seguridad para la ciudadanía, garantía de suministro y que no incremente el coste para los consumidores
Desde el Ministerio advierten que la propuesta condiciona la ampliación a un cambio del marco normativo, lo que supondría un beneficio fiscal para las eléctricas y una carga para los ciudadanos.
Almaraz: el centro del debate y la fiscalidad nuclear
La central nuclear de Almaraz, cuya clausura está prevista para 2027 y 2028, es uno de los puntos clave de la propuesta. Iberdrola, que posee el 52,7% de la planta, y Endesa (36%), buscan alargar su vida hasta 2030. Naturgy, con un 11,3%, no ha firmado el documento, lo que complica su tramitación al requerirse unanimidad para estos cambios.
Además, las empresas plantean una rebaja de la tasa Enresa al extender los años de operación, lo que reduciría un 18% los pagos para la gestión de residuos y desmantelamiento.
Uno de los puntos más conflictivos es el marco fiscal actual, ya que España impone impuestos adicionales a las nucleares que no existen en otros países europeos. Un estudio de EY detalla que los operadores españoles soportan una carga de 27,3 euros/MWh brutos, lo que resta competitividad al parque nuclear nacional.
Posición del Gobierno: prudencia y condiciones estrictas
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra Sara Aagesen, han mostrado apertura a debatir la prórroga de las nucleares, pero solo bajo condiciones estrictas. Sánchez ha reiterado que los «ultrarricos que presiden esas energéticas» deben asumir los costes si se mantiene la actividad más allá de 2035.
«Tiene que haber seguridad, viabilidad económica y no puede pagarlo el contribuyente», ha afirmado el presidente en el Congreso
La carta enviada no ha convencido al Ejecutivo, que ve en ella un intento de modificar unilateralmente las reglas y reducir los impuestos a las eléctricas en detrimento del interés público.
Futuro nuclear: bloqueo político y falta de consenso
La falta de consenso entre las compañías propietarias del parque atómico evidencia una fractura en el sector energético español. Sin el apoyo de Naturgy y EDP, cualquier modificación del calendario de cierre carece de validez legal. Mientras tanto, el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España sigue abierto, condicionado por factores técnicos, económicos y políticos.
