Autopista AP-36 Ocaña-La Roda - FERROVIAL
Este es el monto que arroja la fórmula que el Ejecutivo diseñó para calcular la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), esto es, el importe que, por contrato, debe abonar por la inversión que realizaron en la construcción de la autopista y no dio tiempo a amortizar antes de que esta autopista quebrara y el Estado la recatara.
De este modo, la cifra definitiva se acerca a la estimada inicialmente (en marzo de 2020) de 318,18 millones y que fue revisada al alza en diciembre del pasado ejercicio hasta superar los 411 millones de euros.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado el trámite de audiencia de la resolución complementaria de la determinación de la RPA en la autopista AP-36.
Una vez concluya el trámite de audiencia, que tendrá una duración de 15 días, se analizarán las alegaciones recibidas en el mismo, y a partir de dicho análisis, se procederá a dictar la resolución complementaria de determinación de la RPA, que incluye las situaciones pendientes que no se incorporaron en la primera resolución.
Se trata de la primera concesión en la que se somete a trámite de audiencia la resolución complementaria, después de que, tras la tramitación establecida en la legislación sobre contratos públicos y de conformidad con el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros aprobase el 26 de abril de 2019 el acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas en cuanto al método para calcular la RPA.
Conforme al citado acuerdo de interpretación, y como continuación de la primera resolución, se ha calculado nuevamente la RPA de esta autopista, determinándose una cifra de 321,36 millones.
Esta RPA es el resultado de la suma de la RPA por obras (309,20 millones de euros) y la RPA por expropiaciones (24,53 millones de euros), suma a la que hay que descontar el valor de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoración, la «perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad» (10,15 millones de euros) así como minorar las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración (2,21 millones de euros).
Sobre el importe de la RPA reconocida, y según el citado acuerdo, se han de retener provisionalmente los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes (estimación de los importes por expropiaciones pendientes de pago de los que pueda tener que hacerse cargo la Administración), que ascienden en este momento a 1,76 millones de euros.
Por tanto, el importe a abonar por RPA según esta resolución complementaria sería de 319,60 millones de euros a cuenta de la liquidación final de la resolución definitiva.
El acuerdo de interpretación aprobado establece que en los seis meses siguientes a la aprobación de la resolución complementaria se procederá a determinar una nueva resolución, en este caso definitiva, a los efectos de regularizar aquellas situaciones pendientes que hayan quedado resueltas en este período, como es el pago de expropiaciones.
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