El Gobierno quiere aprobar en 2021 una nueva Ley de Cooperación y alcanzar el 0,5% de AOD en 2023

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha pedido este jueves a los diputados un esfuerzo de consenso para sacar adelante una nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y una reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

Su objetivo es que las reformas legislativas estén aprobadas en 2021, que el año siguiente estén ya operativas y que en 2023, un sistema de Cooperación renovado y con mayor capacidad para ejecutar el gasto permita que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) figure una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del 0,5 por ciento de la Renta Nacional Bruta, en línea con el compromiso del Gobierno –actualmente esa ayuda apenas llega al 0,2 por ciento de la RNB–.

Así lo ha explicado en su primera comparecencia en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Congreso de los Diputados, tras excusarse por llegar más de media hora tarde por motivos de «fuerza mayor».

Entre las tareas inmediatas ha mencionado también la necesidad de acordar en 2021 un nuevo Plan Director de la Cooperación, y el Programa de Acción 2020-2023 del III Plan África, región que será prioritaria para la cooperación española, como lo será Latinoamérica y el Caribe.

Pese a la urgencia impuesta por la pandemia de Covid, ha llamado a elaborar ya en 2020, como paso previo, una nueva visión de la cooperación. Su objetivo es que una cooperación española reforzada tenga cuatro ejes principales: apoyo a políticas públicas para erradicar la pobreza, a la transición ecológica y la justicia climática, a la educación y formación y cooperación para fomentar el desarrollo del tejido productivo.

COOPERACIÓN FEMINISTA Y DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

A ello se sumarían cuatro ejes transversales: una cooperación feminista, que ponga «la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el centro de las transformaciones»; que esté centrada en los derechos humanos y a proteger a quienes los defienden; cooperación humanitaria, «una marca que tiene sello España en el exterior» que se quiere «potenciar» y que se base en «alianzas innovadoras».

González Laya ha remarcado que la cooperación al desarrollo «es una prioridad para el gobierno progresista». «España cuenta con una sociedad solidaria. Nos lo dicen los estudios demoscópicos, pero sobre todo lo vemos y vivimos cuando vienen tiempos duros como los que han llegado ahora», ha señalado.

De hecho, en relación con la pandemia de Covid-19, ha avanzado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas, sindicatos y ONGD para articular una Estrategia de Respuesta Conjunta de cooperación con el lema «Afrontar la crisis para una recuperación transformadora».

COVID-19: SALIR DE LA «BURBUJA» ESPAÑOLA

Después de unos meses en los que España ha comprobado «lo que significa para un sistema sanitario desarrollado verse puesto a prueba», regular el confinamiento y la distancia social, la digitalización «acelerada» y la creación de medidas de protección social, la ministra ha pedido a los diputados que salgan de la «burbuja» española.

Así, ha pedido que miren la situación en otros países más «débiles», donde el virus «está avanzando todavía a una velocidad e intensidad contra la que no pueden luchar» y está trastocando sus mercados de productos básicos, sus cadenas de valor, sus sistemas laborales con alto nivel de informalidad y aumentando la brecha educativa, agravando situaciones que ya eran graves antes de la pandemia.

«‘No dejar a nadie atrás’ no se puede poner en cuarentena», ha dicho la ministra, que ha avanzado que la ejecución de esta Estrategia durará varios semestres, al menos los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021. «El marco temporal tiene que ser necesariamente flexible y abierto», ha dicho.

Con todo, ha dado apenas algunas pinceladas sobre esa respuesta: estará alineada con la respuesta europea a través de su enfoque «Equipo Europa» (Team Europe), centrada en salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública, proteger y recuperar los derechos sociales y políticos y preservar los sistemas socioeconómicos. También tendrá un enfoque de género y de protección de los derechos de las mujeres y niñas.

La estrategia española se centrará en cuatro dimensiones: reforzar la acción humanitaria, promover una respuesta global y multilateral liderada por Naciones Unidas, aunar esfuerzos para una vacuna accesible y reforzaremos las capacidades de los países socios para que puedan contar con políticas públicas y sistemas de salud y protección social más sólidos. Todo ello, ha dicho, sumando a los gobiernos autonómicos y locales y a la sociedad civil.

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