El Gobierno prorroga el SMI en 965 euros a la espera de volver a negociar con los agentes sociales

Empleo

El Gobierno prorroga el SMI en 965 euros a la espera de volver a negociar con los agentes sociales

El compromiso del Gobierno es que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio para el fin de la legislatura.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Autor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), que se mantendrá en 965 euros al mes hasta que se negocie una nueva cuantía con sindicatos y empresarios.

De esta forma, 2022 arrancará con un salario mínimo de 965 euros mensuales por catorce pagas, aunque la intención del Ejecutivo es que siga subiendo para cumplir el compromiso de alcanzar a final de esta legislatura el 60% del salario medio.

Pese a que el Gobierno no tiene la obligación de pactar la subida del SMI con sindicatos y empresarios, solo la de consultarles, el Ministerio de Trabajo siempre se ha mostrado partidario de hacerlo con un acuerdo en el diálogo social.

La subida que resulte de esta negociación podría tener carácter retroactivo, aunque no necesariamente desde el 1 de enero de 2022, según publica Europa Press. La última subida del SMI se aprobó el pasado 28 de septiembre y se aplicó con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre.

Dicho incremento fue de 15 euros mensuales, pasando el SMI de 950 euros a los 965 euros actuales, y todo ello como consecuencia de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CCOO y UGT, que no respaldaron las organizaciones empresariales.

Esta subida de 15 euros se aplicó siguiendo la propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, que proponía para 2021 una horquilla de incrementos de entre 12 y 19 euros mensuales.

El acuerdo que suscribieron Gobierno y sindicatos establecía el compromiso de que el SMI, mediante su “progresiva revisión” en 2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.

De este acuerdo quedaron descolgadas las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entendían entonces que no era el momento de elevar el salario mínimo para no perjudicar la recuperación económica y la creación de empleo.

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