El Gobierno propone a la UE contratar energía a largo plazo para reducir la volatilidad y el precio de la luz

Crisis energética

El Gobierno propone a la UE contratar energía a largo plazo para reducir la volatilidad y el precio de la luz

El Gobierno cree que el actual sistema no está preparado para el futuro. En 2030 se espera que las renovables representen el 75% del mix energético.

a vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El Gobierno remitirá este martes a Bruselas su propuesta para la reforma del mercado energético en Europa, un debate que se tratará en el seno de la Comisión Europa a partir de esta primavera, en el que sugiere la compra de energía a largo plazo para reducir la volatilidad y el precio de la electricidad.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras la celebración del Consejo de Ministros que ha aprobado remitir esta propuesta a Bruselas.

Basada en el desarrollo de los mercados a plazo de energía y de servicios de capacidad y flexibilidad, adaptados a las necesidades de cada país o región, la propuesta permitiría solucionar los problemas del diseño actual: escaso peso de los mercados a plazo, precios elevados que no reflejan los bajos costes de las energías renovables, beneficios extraordinarios en las tecnologías no contestables y señales inadecuadas para orientar la inversión.

FOMENTO DE LOS MERCADOS Y LA CONTRATACIÓN A PLAZO 

Según el Ejecutivo, un mercado a plazo aportará una estabilidad que no ofrecen los actuales mercados de futuros, estableciendo, mediante subastas, contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España. En consecuencia, la generación renovable reflejará los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores.

Aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia, por escasez de recurso o falta de apoyo social y político, como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado. Con ello se podrían reducir los precios de los consumidores inmediatamente, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores, sin que obtengan beneficios extraordinarios.

MERCADOS DE CAPACIDAD

Estos contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación y de almacenamiento, o a la gestión de la demanda, por estar disponibles y garantizar el suministro. La normativa de la UE ya prevé estos mercados, pero sólo como instrumentos excepcionales, temporales y de último recurso, por lo que es necesario facilitar y agilizar su implementación.

Así, el Ejecutivo propone mantener el mercado a corto plazo actual (diarios intradiarios y servicios de ajuste), que seguirá funcionando como hasta ahora, proporcionando señales eficientes de precios y de despacho. Sin embargo, los ingresos de los generadores se regirán por los contratos a largo plazo que reflejen el coste medio del suministro.

Para implementar la reforma, sería necesario modernizar la directiva del mercado interior, de tal forma que se facilite la introducción de mercados de capacidad que garanticen la seguridad de suministro y el fácil desarrollo de los contratos por diferencia (CfD) para las plantas existentes.

La ministra ha explicado que esta reforma es necesaria, ya no solo por la coyuntura actual desatada por la guerra en Ucrania, sino porque considera que el sistema no está preparado para el futuro. Cuando se diseñó hace 20 años, las renovables solo representaban el 10% del mix total, pero ahora alcanzan el 50% y se prevé que lleguen al 75% para el año 2030.

Por eso, ahora, el hecho de que la tecnología más cara fije el precio medio de la luz cobra menos sentido con esas proporciones de tecnologías. Así, el Gobierno pretende que el precio más bajo de las tecnologías renovables quede más integrado en el precio final de mercado.

En tanto se materializa, el Gobierno también ha pedido a Bruselas una prórroga del mecanismo ibérico del tope al gas para poder seguir abaratando los precios finales al consumidor ante los elevados precios del gas natural, al menos hasta finales de 2024, que ha permitido un ahorro de 4.500 millones de euros hasta ahora (150 euros por familia de media).

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