La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera
Ribera, que ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros, ha asegurado que la intención del Gobierno es “velar por los consumidores” y “asegurarnos de que cuenten con un precio de la energía razonable”. En ese sentido, “nuestra estimación es que suponga una reducción del 15% de la factura en los consumidores domésticos e industriales”.
La reforma se pone sobre la mesa a través de dos anteproyectos de ley, uno de ellos ya a las puertas de su tramitación en el Congreso y otro anunciado hoy mismo. Este último, que inicia el trámite de audiencia pública para su aprobación, pasa por un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear), lo que en el mundillo se conoce como ‘beneficios caídos del cielo’.
La mecánica del sistema eléctrico sigue un esquema marginalista. Esto implica que las nucleares e hidráulicas, que producen electricidad con un coste bajo, cobran el precio que marca la última tecnología en entrar en el sistema para cubrir la demanda. Esto ha supuesto un sobrecoste para el consumidor con la entrada al sistema de los ciclos combinados –que usan gas para obtener electricidad- en un momento en que el precio del gas y de los derechos de emisión de CO2 están disparados.
De acuerdo con los cálculos de Ribera, esta reforma supondrá un recorte de “unos 1.000 millones de euros” en la retribución que reciben las eléctricas por el alza del CO2, y que a partir de ahora irán también a los consumidores. “Queremos un sistema energético bien remunerado, sostenible y rentable”, ha defendido. Por ello, Ribera ha insistido en que aunque “es lógico que las compañías busquen su beneficio, nosotros como Gobierno debemos velar por el bienestar de los consumidores”.
Esta medida es la segunda parte de una reforma cuyo primer paso fue el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos. Este fondo ha sido elevado también este martes por el Consejo de Ministros a proyecto de ley para su remisión a las Cortes, tras superar el periodo de consulta pública.
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