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La reventa masiva de entradas para conciertos y espectáculos, alimentada por sistemas automatizados y precios abusivos, podría tener los días contados. El Gobierno ha dado un paso más en la protección de los consumidores al incluir en la Ley de Consumo Sostenible una cláusula que impide encarecer el precio de las entradas revendidas más allá del índice de precios al consumo (IPC). Con esta medida, el Ejecutivo busca frenar una práctica que mueve cientos de millones de euros en España y que penaliza gravemente el acceso justo a la cultura.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha introducido en el anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible una prohibición expresa para que el precio de la reventa de entradas no pueda superar el incremento del IPC entre la fecha de la compra inicial y la reventa.
Actualmente, ya está prohibido el uso de bots para comprar entradas de forma masiva con el fin de revenderlas. Esta práctica está regulada por el artículo 27.6 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, que fue incorporada tras una Directiva Europea.
Esta nueva norma modifica el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ampliando la protección frente a la reventa especulativa
El Ministerio asegura que la actual prohibición del uso de bots «no está funcionando» debido a los «grandes incentivos económicos» que genera la reventa. Para evitarlo, además de limitar el precio, el Gobierno podrá instar al bloqueo de las webs que infrinjan la norma y sancionar a los responsables.
Poner a la venta entradas con un precio superior al regulado convertirá esta actividad en ilícita, como ya ocurre con la publicidad de pisos turísticos
España no es el primer país en tomar medidas contra la reventa. En Bélgica, la Ley de 30 de julio de 2013 prohíbe la reventa habitual de entradas sin autorización, e incluso la reventa ocasional si se realiza a un precio mayor. En Francia, el artículo 313-6-2 del Código Penal sanciona la reventa sin permiso del organizador.
Estas medidas sirven como referente para justificar la propuesta española y fortalecer su legalidad en el contexto europeo.
Según la consultora Verified Market Research, el mercado de reventa de entradas en Europa pasará de 1.817 millones de euros en 2024 a 7.769 millones en 2030. España, que representa entre el 10% y el 15% de ese mercado, podría pasar de 322 a 932,3 millones anuales.
La medida del Gobierno busca que ese dinero no termine en manos de empresas revendedoras, sino que permanezca disponible para el gasto directo de las familias.
El objetivo de la nueva legislación es reducir el atractivo económico de la reventa profesional de entradas, garantizar el acceso generalizado a la cultura y evitar que los consumidores tengan que pagar precios inflados por experiencias culturales o deportivas.
Desde el Ministerio recuerdan que la especulación con entradas no solo es una actividad improductiva, sino que no aporta valor añadido a la economía.
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