La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras el Consejo de Ministros.
El Gobierno ha dado luz verde a un real decreto por el que se adoptan determinadas medidas urgentes para garantizar unos precios justos a los agricultores y ganaderos, que incluye la prohibición de la ‘venta a pérdida’ y las promociones de carácter engañoso.
“Se prohíbe la destrucción de valor en cada elemento de la cadena, ni la industria ni la distribución podrá vender por debajo del precio que haya costado producirlo, con la excepción de productos perecederos para evitar el despilfarro alimentario”, ha afirmado Planas, quien ha insistido en que no se producirá un incremento de precios al consumidor.
“El Gobierno cree que eso es posible. Si cada uno asume su responsabilidad en el marco de la cadena es perfectamente posible que los precios no se incrementen y que, al mismo tiempo, pueda existir una mejor retribución por su trabajo a agricultores y ganaderos”, ha afirmado, según recoge Europa Press.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Planas ha apuntado que el Gobierno ha respondido en un “tiempo récord de tres semanas” a las exigencias urgentes de los agricultores y ganaderos, cuyas reivindicaciones “tienen razón de ser y tienen que ser atendidas”.
“Agricultores y ganaderos se han movilizado en pro de unas legítimas reivindicaciones de unos precios justos, que han tenido respuesta con una mesa de diálogo agrario, buena parte de estas reivindicaciones tienen razón de ser y tienen que ser atendidas”, ha dicho Planas.
“El Gobierno es un gobierno de diálogo y acción, que ha escuchado buenos argumentos y por eso les damos respuesta con este real decreto”, ha señalado el titular de Agricultura, quien ha destacado, que “existe un claro desequilibrio en la cadena y el Gobierno quiere un reequilibrio entre los eslabones y una transparencia en la formación de los precios”.
Planas ha reconocido que los costes de producción se han incrementado en los últimos tiempos, lo que se traducía en un “desequilibrio” entre los eslabones de la cadena alimentaria, con particular perjuicio para los agricultores y ganaderos, quienes, en su opinión, se encontraban en una situación “más desfavorable”.
Entre las principales medidas aprobadas figuran la prohibición de la ‘venta a pérdidas’ y de promociones comerciales de carácter engañoso y, como principal novedad, obligar a que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto.
Asimismo, se previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.
Además, la norma recoge una fiscalidad más fraccionada en los pagos de los jóvenes agricultores por las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que ahora podrán abonar en cuatro años. En consecuencia, se adapta la normativa del IRPF para permitir en este supuesto al igual que ya sucede en otros análogos, tributar en varios ejercicios.
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