La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (i), y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentan el escenario macroeconómico 2022-2025, en el Ministerio de Asuntos Económicos, a 29 de abril - Eduardo Parra - Europa Press
El Ejecutivo confía en que la reforma laboral, aprobada a finales de 2021, sirva para reducir la tasa de paro en los próximos años. El objetivo es que en 2022 se reduzca al 13% desde el 13,6% en el que se ha situado en el primer trimestre, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).
La actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 coloca al mercado de trabajo entre «uno de los principales pilares de la recuperación» tras la pandemia, gracias a la creación de empleo y a la calidad de los nuevos puestos de trabajo creados. Además, sostiene que se empiezan a cumplir algunos de los objetivos de la reforma laboral, como la reducción de la temporalidad, de los contratos de muy corta duración y del desempleo juvenil.
Con la nueva normativa laboral, los indicadores de empleo han vuelto a niveles similares a los de 2008, pero esta vez «con una estructura económica muy diferente y desequilibrios macroeconómicos en vía de corrección», como sostiene el Gobierno en el Programa de Estabilidad.
El Ejecutivo observa ahora «fundamentos más sólidos» en la economía española, entre los que cita saldos superavitarios en la cuenta corriente, una reducción de 60 puntos en la deuda privada desde 2008, una caída de la temporalidad y del número de jóvenes parados y un menor peso de la construcción en el Producto Interior Bruto (PIB).
El Programa de Estabilidad alude también a las políticas activas de empleo, que podrían aumentar el PIB de largo plazo en más de 2,1 puntos porcentuales. Con las políticas activas de empleo se pretende reducir el paro estructural, con un ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, un aumento de la flexibilidad y un esperado incremento de la productividad.
Entre 2022 y 2025, el Gobierno estima tasas positivas en la productividad por hora, con una contención de los costes laborales unitarios y una minimización de las posibles pérdidas de competitividad de las exportaciones españolas.
La creación del Mecanismo RED, inspirado en el «buen funcionamiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)», favorecerá la flexibilidad interna de las empresas y la recualificación de los trabajadores.
Esta herramienta también tendrá un impacto positivo en términos macroeconómicos, con una reducción del desempleo estructural en 280.000 trabajadores. Eso se traduce en una reducción del déficit estructural de unos 3.870 millones de euros, 0,31 puntos porcentuales del PIB.
El mecanismo RED mejorará la posición fiscal de la economía española a través de los ingresos, con una contención de la caída de los ingresos fiscales gracias a la protección de rentas, y a través de los gastos, con una disminución del gasto cíclico en desempleo por un menor incremento de este durante las fases recesivas.
El Gobierno defiende que el mecanismo RED contribuye la sostenibilidad fiscal de la economía española «gracias a un uso más eficiente de los estabilizadores automáticos especialmente en las fases recesivas del ciclo económico y a un ahorro en términos estructurales».
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