Los vetos del Gobierno de Mariano Rajoy a las leyes que presenta la oposición en el Congreso son una característica habitual de esta legislatura. Sin ir más lejos, así sucedió la semana pasada con el copago. Sin embargo, este criticado paso es motivo de orgullo para el Ejecutivo, que ha celebrado que se ha evitado un gasto público de caso 90.000 millones de euros.
Según los datos que el Gobierno ha ofrecido este lunes a la cúpula del PP, las leyes bloqueadas han alcanzado los 89.000 millones de euros. Fuentes populares han afirmado a Europa Press que esta cifra justifica el veto que lleva haciendo Rajoy desde el inicio de la legislatura. Y, en el caso de que la oposición baile ese movimiento, el Ejecutivo recuerda que tiene como recurso el Tribunal Constitucional para impedir la tramitación.
De esta manera, los de Rajoy sacan pecho de hacer uso frecuente de la capacidad de veto que permite la Constitución a aquellas iniciativas que puedan alterar su política presupuestaria. Si supone un aumento de coste o una disminución de los ingresos, el Ejecutivo puede hacer uso del comodín del veto. Algo de lo que ha ido realizado en medio centenar de ocasiones en los últimos meses.
De hecho, el Gobierno ha llegado a vetar leyes procedentes de Parlamentos autonómicos, algunas incluso apoyadas por el PP local. Así, leyes como suprimir las tasas judiciales, atajar la pobreza energética, universalizar la asistencia sanitaria, compensar a las víctimas del amianto, fomentar el autoconsumo eléctrico, paralizar la LOMCE, aplicar la Ley de Memoria Histórica, subir las pensiones o equiparar los permisos de paternidad se han encontrado con el ‘no’ de Rajoy.
