La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en Moncloa.
El Gobierno trabaja en la modificación de la Ley Concursal para hacer más «garantista» y «rápidos» los procesos y medidas para garantizar la solvencia de las empresas viables, pero no en medidas para la liquidez al considerar que está ya «razonablemente cubierta».
Por otro lado, mantendrá la denominada ‘tasa Google’ si no se alcanza un acuerdo en el marco de la OCDE o la UE respecto al impuesto en el ámbito digital.
Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha defendido que el Ejecutivo ha trabajado de manera «incansable» desde el inicio de la pandemia para fijar herramientas que protejan al tejido productivo y la pequeña y mediana empresa para afrontar posibles tensiones de liquidez.
Por ello, ha indicado que ahora se trabaja en medidas que no irán dirigidas a la liquidez, ya que esa parte «de forma razonable está cubierta», por lo que se enfocan hacia la solvencia, algo «extraordinariamente importante» ante el endeudamiento empresarial y en lo que está trabajando el área económica del Ejecutivo con el departamento de Justicia.
En concreto, ha detallado que se trabaja en la modificación de la Ley Concursal para hacer «garantista y rápido» el proceso concursal y que sea una fórmula que permita «viabilizar» empresas cuyos datos reflejen su capacidad de «sobrevivir» y para evitar que sean mecanismos de liquidación de las sociedades.
A estas medidas para garantizar la solvencia de las empresas, se sumarán nuevas medidas relativas a los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Además, ha avanzado que se trabaja también en otras «herramientas» para ayudar en la crisis del Covid, una vez que la Unión Europea posibilitó el nuevo marco de ayudas de Estado, con un límite establecido «en la no afectación a la competencia entre Estados miembros», algo que vigila la UE.
De cualquier forma, ha hecho hincapié en el «increíble esfuerzo» del Gobierno por mantener el tejido productivo al haber destinado a hostelería y restauración más de 62.000 millones, de ellos 40.000 millones pertenecientes a los ERTE, al tiempo que ha apuntado que las ayudas del Ejecutivo se «traducen» en forma de desgravaciones, exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y otros instrumentos «más propios» de la Administración del Estado.
Por otra parte, Montero ha mostrado la «satisfacción» por las primeras acciones de la nueva Administración de Joe Biden en Estados Unidos, de la que ha destacado su «vuelta al multilateralismo» como forma de relación, algo «muy importante» en las relaciones con España y la Unión Europea.
Respecto al impuesto a determinados servicios digitales, conocido como ‘tasa Google’, Montero ha asegurado que «en muchas ocasiones» la fiscalidad de España es más analógica que digital, y hay «competencia desleal» con otros negocios tradicionales.
Por ello, ha remarcado que hay que lograr la aplicación del impuesto de forma «homogénea y universal en la mayoría de países» en el marco de la UE o la OCDE, de forma que ha asegurado que si no se producen «avances significativos», España seguirá adelante con la ‘tasa Google’ nacional aprobada y acometerá su recaudación, pospuesta a la espera de ese consenso como han hecho otros países, como Francia.
«Si no se produce el consenso (internacional), sin duda seguiremos adelante con una iniciativa que entendemos que tarde o temprano a todos los países llegará», ha apostillado.
La ‘Tasa Google’ aprobada por el Gobierno entró en vigor a mediados de enero y grava aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
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