El Gobierno podrá retirar aceite de oliva para ayudar a que se “recuperen” los precios

Olivar
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El Gobierno ha dado luz verde este martes a un real decreto para la autorregulación del aceite de oliva. Una norma, destaca Moncloa, “largamente demandada por los representantes del sector”. Según el texto aprobado en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo podrá ordenar la “retirada temporal de producto” del mercado de manera obligatoria con el objetivo de “favorecer la recuperación de los precios” que perciben los agricultores.

Esta norma “posibilita la autorregulación en un cultivo cuya producción se encuentra caracterizada por el fenómeno de la vecería”. Esto supone campañas de producciones “muy altas alternadas con otras de rendimientos bajos”. Así lo afirma el Gobierno en la referencia del mencionado Consejo de Ministros, en la que explica que esta diferencia entre las campañas “es una de las causas de la gran volatilidad de los precios”, lo que perjudica económicamente a las explotaciones “más tradicionales” en épocas de ‘vacas flacas’.

Ahora, con lo aprobado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “ante situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado” podrá, previa consulta a las comunidades autónomas y a los representantes del sector, ordenar la “retirada temporal de producto de manera obligatoria” del mercado “hasta la campaña siguiente, e incluso determinar su destino a uso no alimentario”.

Según sostiene Moncloa, “de esta forma se pretende favorecer la recuperación de los precios percibidos por los agricultores en situaciones de crisis como las que se han padecido en las dos campañas anteriores”.

Esta norma forma parte de las 10 medidas de la ‘hoja de ruta’ para el sector oleícola presentada el pasado mes de junio, recuerda el Ejecutivo, “permitirá mejorar y estabilizar un mercado fundamental en la producción agroalimentaria española, con un marcado carácter social, que desempeña un papel clave para la economía de las zonas rurales”. El mencionado decálogo gira en torno a tres ejes principales, como son el de “favorecer el ajuste de la oferta y la demanda (en la que se enmarca el real decreto aprobado); mejorar la trazabilidad, la información al consumidor y la segmentación del mercado; y aprovechar los mecanismos de la nueva política agraria de la UE”.

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