El Gobierno pide la recusación del juez que paralizó la exhumación de Franco

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, ha reclamado la recusación del juez José Yusty Bastarreche que paralizó la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para sacar el cadáver de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos. Según eldiario.es el escrito de la Abogacía del Estado se fundamenta en la falta de “imparcialidad” del magistrado para abordar esa causa, vistas sus opiniones contrarias a la Ley de Memoria Histórica.

“Esta representación entiende –dicho desde el más absoluto respeto– que el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Yusty Basterreche al que se refiere esta recusación habría firmado determinados artículos de prensa y conferencias en revistas especializadas, en relación con el Proyecto de Ley de Memoria Histórica que podrían dar pie a considerar que concurre en este caso lo que anteriormente se ha calificado como contaminación por interés”, reza el escrito de 24 páginas que ha presentado el Gobierno y que trascribe el digital de Ignacio Escola.

En ese recurso, el Gobierno presenta las afirmaciones que Yusty Basterreche ha vertido en contra de la memoria histórica que definió como “el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro”. El Ejecutivo de Pedro Sánchez explica que esa ley está estrechamente relacionada con su decisión de exhumar los restos del dictador, ya que procede precisamente de ella.

Yusty Bastarreche aceptó uno de las decenas de recursos impulsadas por nostálgicos del franquismo en distintos juzgados y que previamente habían rechazado otros magistrados. El magistrado fue el único que admitió un recurso de los casi veinte que se presentaron contra la licencia de obra en la basílica del Valle de los Caídos. Y A juicio del Ejecutivo, según el digital, ese juez debería haberse abstenido en favor de otro de los jueces que habían visto ese asunto, tal y como establece la ley.

El Gobierno entiende que debería haber una decisión sobre la recusación en un plazo de diez días y basa su petición en jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos.

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