Biofábrica de Ence en Pontevedra
El Gobierno ha negado que exista un cambio de criterio respecto a la prórroga de Ence para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre de la ría de Pontevedra y ha justificado por «coherencia jurídica» su postura en desistir y allanarse de defender en los procesos abiertos en la Audiencia Nacional la concesión ampliada durante el mandato del PP en funciones en enero de 2016.
Estos procesos han sido impulsados por el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y Greenpeace, que pretenden que se declare la nulidad de la resolución que otorgó una prórroga de 60 años a la compañía.
Ante una pregunta formulada por Vox, el Ejecutivo justifica la solicitud de un nuevo informe en que el pasado julio de 2018 «un elevado número de títulos concesionales en el Dominio Público Marítimo-Terrestre llegó a su fin, por lo que se abría la posibilidad» de proceder a nuevas renovaciones.
A pesar de ello y tras analizar la normativa que regula el régimen de prórrogas, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) identificó «una serie de disfuncionalidades que aconsejaron consultar a la Abogacía del Estado, con el objeto de resolverlas «de la manera más adecuada jurídicamente».
El Gobierno justica así que no existe un cambio de criterio, puesto que la solicitud del informe «versaba sobre el régimen jurídico de las prórrogas concesionales en general, y no sobre un expediente de prórroga en concreto», en el que se procede a realizar un «análisis exhaustivo» de la normativa.
Asimismo y sobre la decisión de allanarse en los procesos judiciales, el Ejecutivo recuerda que el informe cuenta con el respaldo de la Abogacía General del Estado, «un órgano superior jerárquicamente al de la Abogacía del Estado en el Ministerio y que además cuenta con un mayor grado de motivación jurídica».
«La existencia de este informe y de lo concluido en el mismo obligaba a que por coherencia jurídica no pudiera mantenerse una postura en la Audiencia Nacional que entrara en contradicción con dicho informe».
El Ejecutivo advierte que cualquier posible cierre de planta, indemnización y actuación sobre los terrenos actualmente ocupados por la planta, «quedan supeditados al pronunciamiento de los tribunales», por lo que no sería «prudente adelantar acontecimientos», y que «corresponde a la propia empresa» decidir sobre una nueva ubicación y la estimación de los costes que ello pueda llevar aparejado».
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