El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.
El Gobierno ha negado este miércoles las acusaciones del PP de haber ocultado al Congreso el informe que solicitó al Consejo de Estado sobre el decreto de la gestión de los fondos europeos porque, al tratarse de un decreto ley, no está obligado a remitirlo a las Cortes y ni siquiera estaba obligado a pedirlo.
Según explican fuentes gubernamentales, ningún real decreto ley se tramita «nunca» con informes del Consejo de Estado. De hecho, acusan al PP de haberse «inventado» esa supuesta obligación de remitir al Congreso ese dictamen del Consejo en un intento de tratar de justificar su rechazo de la semana pasada al decreto ley de los fondos, que finalmente pudo salir adelante gracias a la abstención de Vox.
En todo caso, el Gobierno explica que, tras recibir el dictamen que solicitó ‘motu proprio’ al Consejo de Estado, se atendió lo que se consideró apropiado y que, de hecho, se incluyeron algunas de sus recomendaciones.
No obstante, el Gobierno ha querido dejar claro al mismo tiempo que «es soberano para dejarse influir en lo que se le aconseja» y que el Consejo de Estado es un órgano que asesora al Poder Ejecutivo, no al Congreso, por lo que tildan la actitud del PP de «sobreactuación».
Así, insisten en que este órgano emite informes continuamente como parte de su funcionamiento normal, y que en el caso de los no vinculantes el Gobierno hace caso de lo que considera «armonioso», pero no cuando no entra dentro de lo que son sus objetivos.
En este sentido, las fuentes consultadas insisten en que «no hay intención de ocultar nada», y aseguran que harán público el informe cuando lo tramiten y lo consideren oportuno, sin concretar más al respecto.
Asimismo, defienden que el real decreto ley sí cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, que en sus informes se dejaba claro, según el Gobierno, que les parecía bien que España haga una «ejecución factible, útil y rápida» de fondos mediante la normativa diseñada.
Por otra parte, el Ejecutivo considera que la insistencia «propagandística» del PP en pedirles que agradezcan a Vox la abstención que permitió que saliera adelante el decreto debe significar que los ‘populares’ han asumido que es «bueno» que finalmente se aprobara; es decir, que han reconocido su «error».
Así, critican que el PP estén intentando trasformar este debate en un asunto de «legalidad» cuando a su juicio no es más que una cuestión «política», y denuncian que «no puede ser de recibo que mientan». Así, avisan de que «el PP está traspasando mucha líneas inquietante de cómo funciona la democracia».
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