Según ha señalado en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, España está “mejor preparada que casi ningún otro país del entorno” para hacer frente a la crisis desatada por la guerra en Irán. Un conflicto, ha reconocido, que “no sabemos si va a durar días, meses o años”, pero cuyos efectos “podrían transformarse en una grave crisis en función de cuál sea la evolución de la guerra”.
Ante esto, ha avanzado un paquete de medidas por valor de 5.000 millones que, según los cálculos de Moncloa, va a beneficiar a 20 millones de hogares y a tres millones de empresas. “No va a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero los hará menos erosivos y algo más llevaderos”, ha apuntado.
Sánchez se pronunciaba así tras un Consejo de Ministros que ha arrancando con más de dos horas de retraso ante el plante de Sumar. Las ministras y los ministros del socio minoritario del Gobierno se negaban a participar en esta reunión si no se incluían medidas en materia de vivienda en el decreto anticrisis. Al final, la solución ha pasado por dos decretos.
PSOE y Sumar han acordado que el Ejecutivo apruebe dos decretos. Por un lado, uno con las rebajas fiscales a los carburantes y la electricidad, en el que se incluyen también límites a los márgenes empresariales. Por otro lado, otro decreto con la prórroga de los contratos de alquiler exigida por los de Yolanda Díaz.
Rebaja del IVA en la factura de la luz y los combustibles
Tal y como ha expuesto Sánchez, el decreto relativo al escudo social contempla una “reducción drástica de la fiscalidad energética”, con una bajada en los impuestos sobre la electricidad en un 60% y la suspensión del impuesto a la producción, reduciendo el gravamen especial al 0,5%. También incluye una bajada del IVA de electricidad al 10%, al igual que el gas natural. Asimismo, se congela el precio máximo de venta del butano.
Junto a esto, se reduce el IVA al 10% a la gasolina y al gasoil, “hasta el mínimo que permite la UE, lo que se traduce en una “rebaja efectiva” de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante.
Bono social, prohibición de corte de suministros y reducción de peajes a electrointensivos
El presidente del Gobierno, quien ha defendido que “vamos a salir más fuertes de esta crisis” y ha asegurado que “sabemos lo que tenemos que hacer”, ha detallado también que este decreto extiende hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extra del bono social eléctrico y prolonga la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.
A esto se une una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para todas las industrias más expuestas al ‘shock’, como son las industrias electrointensivas, lo que permitirá que ahorren unos 200 millones.
Además, una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizante. Asimismo, se va a establecer por ley una mayor flexibilidad en los contratos de suministro eléctrico y se dotará a Competencia de “nuevas capacidades de supervisión y de sanción para que se persiga y se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis o las ayudas del estado para enriquecerse”.
Sánchez ha dejado claro que estas medidas estarán vigentes “el tiempo que sea necesario” y se ampliarán en caso de que la gravedad de la crisis energética se acentúe. “Si necesitaos poner más recursos, se pondrán”, ha asegurado.
Congelación de alquileres
Dicho esto, ha dado cuenta del segundo decreto aprobado por el Gobierno, que pasa por la congelación temporal de los precios de los alquileres, tal y como se ha aplicado en crisis previas. Una medida, ha apuntado, que no tienen garantías de que salga adelante en el Congreso ante la falta de apoyos parlamentarios.
“Somos conscientes de que no existe aún una mayoría parlamentaria para poder convalidarlo, pero no por ello el Gobierno de coalición va a renunciar a dar una respuesta a la emergencia habitacional que sufre buena parte de ciudadanía”, ha destacado.
Según ha avanzado, “llevamos este decreto aparte para que en los próximos días, en las próximas semanas podamos seguir negociando y sacarlo adelante”.
Desde Sumar remarcan que en 2026 y 2027 vencen más de un millón de contratos de alquiler que afectan a 2,7 millones de personas. El decreto permitirá prorrogar esos contratos en las mismas condiciones para “evitar que ninguna familia se enfrente a subidas de hasta 500 euros al mes”, afirman los de Díaz.
