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Aunque en público el Ejecutivo ha cargado las tintas contra el PP, en privado fuentes gubernamentales expresan su enfado con el partido liderado por Carles Puigdemont, cuyo voto en contra ha sido decisivo para impedir la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados, lo que supone una importante derrota parlamentaria del Gobierno en el arranque de 2025.
En los últimos días desde Moncloa se hablaba de «avances» en las conversaciones y se mostraban convencidos de que podían conseguir los apoyos de Junts, aunque los contactos de los últimos días no han sido suficientes y los independentistas han optado por el ‘no’.
Ni Gobierno ni PSOE han querido confirmar si en las últimas fechas se ha producido alguna reunión entre partidos en el extranjero –tal como exigió Puigdemont– para desbloquear la votación, pero sí han reconocido contactos y conversaciones que finalmente no han desembocado en un acuerdo.
El malestar con sus socios se debe, según indican las fuentes consultadas, a que las medidas incluidas en el decreto habían sido «negociadas» previamente, pero aún así han decidido inclinarse por votar en contra.
Las fuentes consultadas señalan que su malestar se debe a que las medidas incluidas en el decreto estaban «negociadas» y pactadas casi por completo, pero finalmente han decidido no apoyar al Gobierno. Consideran por tanto que es Junts, igual que el PP, quien tiene que explicar a los ciudadanos su decisión. «Cada palo que aguante su vela», afirman.
En los últimos días, desde el Gobierno venían apuntando en la misma dirección, resaltando que las negociaciones se venían produciendo desde semanas atrás, debido a la complejidad de las materias y por tanto dejaban abierta una puerta a que Junts lo aprobase.
El pasado viernes, Puigdemont anunció la «suspensión de negociaciones» con el PSOE y avisó de que no se sentaría a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, después de que los socialistas no accediesen a su exigencia de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
En Moncloa y en Ferraz, no obstante, no interpretaron el gesto de Puigdemont como un portazo definitivo, veían una intervención modulada en la que no rompió los puentes tendidos con el Gobierno y achacaban sus palabras a una cierta «teatralización» de las discrepancias entre ambas formaciones.
Los socialistas respondieron a su vez con mesura, sin entrar al choque, convencidos de que la situación se podía salvar. Sin embargo, pese a los contactos de último minuto, el decreto ha caído, lo que supone que las pensiones no subirán, aumentará de inmediato el precio del transporte público y decaerán el resto de medidas, como las ayudas a los afectados por la dana o la prohibición de cortar los suministros básicos a personas vulnerables.
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