«La previsión es que mañana en el Consejo de Ministros lo que hagamos sea adaptar formalmente la estructura de gobernanza y la estructura de capital y el funcionamiento de la Sareb a lo que ya es una realidad económica», ha avanzado la titular de Asuntos Económicos a los medios en Bruselas, en una comparecencia previa a la reunión que mantendrá con el Eurogrupo esta tarde.
Calviño ha indicado que «debido a un cambio en la consideración estadística por parte de Eurostat», el Gobierno ya tuvo el año pasado que integrar dicho cambio, una modificación que afectó principalmente a la «deuda pendiente de amortización por parte de la Sareb».
Así, Calviño ha matizado que «se trata únicamente de adaptar el régimen jurídico y la gobernanza a la realidad económica ya vigente. Es un tema que arrastramos y que responde a las decisiones que adoptó el Gobierno anterior en relación a la crisis financiera».
La Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008. En el momento de su constitución, emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas, una deuda que va amortizando a medida que genera ingresos con la venta y gestión de dichos activos.
Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.528 millones de euros. Hasta entonces, había cancelado el 31,2% de la deuda emitida en su constitución, por lo que todavía debe devolver 34.918 millones de euros, un importe que pasó a computar como deuda pública tras una decisión de Eurostat que estableció que Sareb debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público.
El denominado banco malo nació en base a un real decreto que establecía que “en ningún caso” la participación pública en el conjunto de las participaciones directas o indirectas podía ser igual o superior al 50%. Sin embargo, que su deuda empezase a computar en las cuentas públicas habría llevado al Gobierno a buscar fórmulas legales para tomar el control de la sociedad, según apuntan fuentes financieras citadas por Europa Press.
Actualmente el Estado controla el 45,9% de la Sareb a través del FROB. El resto del capital está en mano de accionistas privados: Santander tiene una participación del 22,23%, CaixaBank cuenta con el 12,24%, Sabadell tiene el 6,61%, Kutxabank un 2,53%, Ibercaja un 1,43%, Bankinter un 1,37%, Unicaja Banco un 1,27%, Cajamar un 1,21%, Mapfre un 1,11% y el resto se lo reparten otras entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.