Así lo ha adelantado Montero en una rueda de prensa desde el Ministerio de Hacienda después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya anunciado un acuerdo con el Gobierno para condonar el 22% de la deuda que tiene Cataluña con el Estado.
En la rueda de prensa, Montero ha anunciado que la propuesta que realizará el Gobierno es la condonación de 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, que pasaría a asumir la Administración General del Estado (AGE).
Para ello, Montero ha desvelado que este mismo lunes ha remitido a los diferentes Gobiernos autonómicos la metodología que determina el importe que va a ser asumido por el Estado y que podrán votar las comunidades autónomas el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Para el Gobierno de Sánchez, la condonación de parte de la deuda autonómica es un paso más en esa dirección de fortalecimiento del Estado de las autonomías, que además cumple el acuerdo de investidura alcanzado con ERC y permitirá a todas las comunidades de régimen común liberar recursos del pago de la deuda para destinarlos a servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos.
La ministra de Hacienda ha explicado que la asunción de la deuda autonómica parte de la premisa de reconocer que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera por parte del Gobierno central no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas de las comunidades autónomas. De hecho, se vieron obligadas a sobreendeudarse a través de mecanismos como el FLA y, además, a someterse a fuertes restricciones financieras.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
La metodología parte, precisamente, del cálculo del sobreendeudamiento. Así, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones, lo que refleja el apoyo que han recibido del Estado.
El diferencial alcanza los 80.310 millones de euros y esa es la cuantía inicial a condonar. El siguiente paso es fijar el reparto entre Comunidades Autónomas. Para ello, la metodología se divide en tres fases:
- Fase 1. El grueso del reparto de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones y supone que la condonación media conjunta de todas las CCAA se sitúa en el 19% de su deuda a cierre de 2023.
- Fase 2. El objetivo es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19% de condonación de deuda. Supone añadir en la distribución 11.514 millones más de condonación.
- Fase 3. Se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. Con este mecanismo, se asignan otros 10.590 millones de condonación.
En segundo lugar, se fija también una compensación adicional de 917 millones para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En concreto, se concede una condonación adicional del 10% para las comunidades que hayan ejercido sus competencias al alza por encima de la media y un 5% para las que lo hayan hecho por debajo de la media. Se reconoce así el esfuerzo fiscal que exigieron algunas comunidades a sus ciudadanos para mejorar la situación presupuestaria y fiscal.
El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada Comunidad Autónoma será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023.
Los ajustes más relevantes que contempla la metodología propuesta tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante. Una vez realizadas esas correcciones, el importe total de la condonación se eleva hasta los 83.252 millones de euros con la siguiente distribución:
