“El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública”, critica Moncloa en una nota, en la que recuerda que la Puerta del Sol “ha ignorado el requerimiento enviado hace un mes por el Ministerio de Sanidad”. En él, el departamento de Mónica García recordaba la exigencia de crear el registro confidencial de objetores de conciencia previsto en la Ley Orgánica 1/2023.
“El 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte todas las comunidades autónomas, aprobó por unanimidad el protocolo para la creación de dicho registro”, incide el Gobierno. Un acuerdo, “de obligado cumplimiento y, por tanto, exigible ante los tribunales”.
Una vez “superado” el plazo del que disponía Ayuso para “iniciar los trámites de creación del registro, y constatado su rechazo a hacerlo”, el Ejecutivo central ha iniciado las acciones pertinentes para “hacer que se respete la ley”. Y esto pasa por llegar a la administración madrileña ante los tribunales.
“La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones”, asegura el Gobierno.
Moncloa advierte de que “seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales”, para que las comunidades “cumplan la ley, con el fin de asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública”.
Sánchez: “Un derecho esencial, convertido en negocio”
El presidente del Gobierno ha recordado que la Comunidad de Madrid “deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas”. “Un derecho esencial, convertido en negocio”, ha censurado.
“No lo vamos a permitir” y por eso, ha remarcado, el Ejecutivo solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante los tribunales. “Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales”, ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales.
