La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa / José Manuel Álvarez)
Así lo ha anunciado este jueves durante el ‘Desayuno Informativo’ de Europa Press, donde ha indicado que estas viviendas estarán situadas en distintas regiones españolas como Valencia, Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias, Andalucía o Castilla-La Mancha.
Rodríguez ha defendido que estas viviendas darán «vida», generarán «nuevos barrios», y garantizarán «hogares dignos» para los ciudadanos. «(La empresa pública de vivienda) no viene a sustituir la tarea de las empresas municipales, que también están aquí representadas, ni por supuesto de las empresas autonómicas. Todo lo contrario, venimos a aunar esfuerzos a sumarnos como un nuevo actor», ha expuesto.
La nueva empresa pública de vivienda, que parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), es una de las grandes medidas que el Gobierno está impulsando en materia de vivienda con el objetivo de poder blindar la oferta pública de vivienda en el país de manera permanente para asegurar precios asequibles.
Así, a través de esta nueva empresa estatal quieren gestionar de manera integral la construcción y puesta a disposición de la vivienda: desde el suelo, a la urbanización y la construcción de vivienda hasta su movilización y gestión.
En este sentido, la ministra de Vivienda ha recordado que como parte de las 12 medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dotó a esta nueva empresa pública de vivienda de todo el parque público de vivienda del Estado.
«Ni un euro, ni un suelo, ni una vivienda que no sea para siempre público», ha defendido.
Además, la ministra avanzado que ya hay 4.000 viviendas registradas a través de la ventanilla única de registro que se creó para regular las viviendas de corta duración, como los pisos turísticos o de temporada, una nueva normativa que empezará a ser afectiva a partir de julio.
«Ya sabemos que son 100% legales y que cumplen con las normas tanto de las comunidades de vecinos como la normativa de las ordenanzas municipales autonómicas», ha recalcado.
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