El movimiento feminista en España, especialmente a través de las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo, ha sido protagonista de importantes avances sociales y legales a lo largo de las últimas décadas.
Ahora, el Gobierno da un paso más en el reconocimiento institucional de esta lucha histórica, proponiendo declarar estas movilizaciones como parte del patrimonio cultural inmaterial del país.
La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado, subraya su relevancia democrática y su impacto en la consolidación de libertades.
La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha iniciado los trámites para declarar las manifestaciones feministas del 8 de marzo como Lugar de Memoria Democrática, según recoge el BOE de este viernes. El objetivo es reconocer su contribución a una sociedad más igualitaria y su carácter pacífico, democrático y transformador.
“Las manifestaciones del 8M se han convertido en mareas democráticas y de homenaje a las mujeres que han liderado la lucha por la igualdad”, destaca la exposición de motivos del expediente
El texto oficial recuerda que las primeras reivindicaciones feministas en España se remontan a las primeras décadas del siglo XX. En aquel entonces, los colectivos de mujeres exigían derechos fundamentales como el sufragio femenino, la igualdad salarial, el acceso a la educación o la abolición de la prostitución legalizada.
También se pone en valor la figura de pioneras como Clara Campoamor, Victoria Kent, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o María Lejarraga, cuyos aportes fueron claves durante la Segunda República, cuando se conquistaron avances como el derecho al voto, el matrimonio civil y el acceso universal a la educación.
El Gobierno resalta especialmente el impacto del 8 de marzo de 1978, fecha desde la cual el movimiento feminista comenzó a conquistar derechos como el divorcio, la despenalización del aborto, la legalización de anticonceptivos o la libertad sexual.
Estas manifestaciones han sido reconocidas como una expresión del impulso democrático en la España contemporánea, consolidando valores que hoy se consideran fundamentales en la sociedad.
La declaración como Lugar de Memoria Democrática permitirá la difusión, interpretación y promoción de estas manifestaciones con fines conmemorativos, didácticos y reparadores. El BOE contempla la instalación de placas, paneles o recursos digitales y audiovisuales que ayuden a visibilizar la importancia histórica del 8M.
El expediente será tramitado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, quien solicitará informes a instituciones como el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Igualdad, la Real Academia de la Historia y universidades como la Carlos III de Madrid o la de Oviedo.
Una vez recabada la información, se abrirá un período de información pública de 21 días para que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones. El plazo máximo para resolver el expediente será de 12 meses desde su inicio.
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