En 2020, en plena pandemia por la Covid-19, el Ejecutivo puso en marcha este blindaje con el fin de proteger a las consideradas empresas estratégicas tras el castigo en Bolsa que estaban recibiendo entonces.
En noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros ya amplió hasta el 31 de diciembre de 2022 el blindaje para las empresas estratégicas a través de un real decreto que incluía la extensión de otras medidas para responder a la pandemia, con el objetivo de proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos.
La medida deja así en manos del Gobierno la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.
Según adelantan este lunes ‘El País’ y ‘Cinco Días’, se introducirán modificaciones para atar el control también sobre operaciones de activos que sean considerados estratégicos. De ese modo, el Gobierno quiere evitar que se pueda sortear la norma con la venta de partes de un negocio.
El mencionado ‘escudo’ dejó en manos del Ejecutivo la autorización previa a operaciones como la compra de Euskaltel por MásMóvil o la OPA de IFM a Naturgy, cuya autorización fue condicionada, entre otras.
