Sede de Naturgy en Barcelona
El Gobierno ha acordado “autorizar con condiciones de inversión” la OPA sobre Naturgy a pocos días de que se cumpliese el plazo para dar una respuesta, después de que el fondo australiano pidiese la autorización a finales de febrero.
Según ha valorado Ribera, esta operación “es probablemente una señal de confianza de los inversores exteriores en la economía española y en la sólida ambición de nuestro marco para facilitar la transición energética”. Sin embargo, el Gobierno “es consciente de que esto debe hacerse con todas las garantías y cautelas”, ya que “queremos inversión exterior estable con vocación de permanencia” en capital social de empresas españolas porque es “fundamental” para “apuntalar la recuperación” y “favorecer la creación de empleo”.
Por ello, el Consejo de Ministros ha puesto sobre la mesa una serie de condiciones que deberá cumplir IFM para seguir adelante con su oferta y que van encaminadas a “garantizar la estabilidad de la compañía”.
Así, durante un período de cinco años IFM deberá apoyar en el Consejo y la junta de accionistas “la inversión de la empresa en proyectos vinculados a transición energética en España que contribuyan a generar valor a largo plazo”. También deberá comprometerse en el “mantenimiento del domicilio social y de la sede efectiva en España”, y del mantenimiento “de parte significativa de la plantilla en España”. “Nuestra convicción es que el empleo es fundamental en empresa como Naturgy”, ha asegurado la ministra, que ha aclarado que “queremos que se mantenga en los términos en los que hoy está”.
En materia de dividendos, deberá mantener una “política prudente” que permita acometer la política de inversión vinculada a la transición energética. Algo similar ocurrirá con la política de endeudamiento externo, que deberá estar “encaminada a mantener calificación crediticia de grado de inversión y permitir que las ratios de endeudamiento de las filiales no sean superiores a las recomendadas por la CNMC”.
Otra condición es la de “no apoyar ninguna propuesta de desinversión distinta a las reflejadas en plan estratégico que se presente al consejo de administración o a la junta general de accionistas que implique pérdida de control de filiales”. Tampoco se permitirá cualquier propuesta de exclusión de negociación de acciones en España, en este caso durante tres años.
Ribera ha aclarado que el incumplimiento de estas condiciones “dará lugar a revocación de la autorización y constituirá una infracción grave”.
La vicepresidenta ha valorado que se trata de una “operación singular que afecta a una empresa estratégica en un sector estratégico”. “Damos la bienvenida a la inversión extranjera, pero también es importante que las oportunidades que ofrecen nos ayuden a consolidar el proyecto de transición ecológica”, ha valorado.
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