El Gobierno estudia subir antes de las generales el salario mínimo de los empleados públicos a 1.200 euros

El Ejecutivo quiere cerrar antes de las elecciones generales anticipadas del 28 de abril la negociación del convenio único de la Administración General del Estado (AGE), que afecta a unos 40.000 trabajadores públicos, y en la que una de las principales reivindicaciones que los sindicatos han puesto sobre la mesa es el incremento del salario base o mínimo bruto de los empleados laborales del Estado hasta los 1.200 euros al mes, en 14 pagas. Por lo menos eso es lo que asegura hoy el independiente.com, que considera que el Ejecutivo quiere afrontar así la campaña electoral con nuevos guiños a los empleados públicos.

Asegura el mencionado diario online que las fuentes sindicales consultadas aseguran que las negociaciones están muy avanzadas después del empujón dado por la actual Administración. Creen que no habrá problema en que se pueda elevar este salario hasta los cerca de 1.200 euros –se barajan 1.150 euros–, sin llegar a alcanzar este máximo, desde los menos de 1.100 euros actuales, lo que beneficiaria a los empleados del nivel más bajo, que suman entre 6.000 y 7.000 trabajadores, según cifras aportadas por los sindicatos.

Y apunta elindependiente.com que desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública coinciden en que se han intensificado las negociaciones en las últimas semanas para cerrar un acuerdo sobre el convenio único de la AGE en poco tiempo, pero no concretan nada sobre posibles acuerdos. Unas dudas que se podrían disipar mañana mismo, después de la reunión que mantendrá la mesa negociadora del convenio.

Otro de los elementos que plantean los sindicatos y que están sobre la mesa de negociación es la introducción del derecho a una jubilación anticipada y parcial con contrato de relevo, en los términos en los que quedan reguladas estas figuras en la Ley General de la Seguridad Social, para salvar la jubilación masiva de empleados públicos que se espera durante los próximos años por el progresivo envejecimiento de las plantillas en los últimos años, mientras se mantenían congeladas las tasas de reposición de efectivos.

Además, el citado medio online recuerda que fuera de la negociación del convenio único, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene otro frente en el que ganar puntos con los empleados públicos antes de las elecciones del 28-A, ya que aún queda por determinar los criterios de las ofertas de empleo público aprobadas y las plazas a ofertar dentro de la correspondiente al año 2019.

Apuntando que lo que al menos tratarán de sacar los sindicatos es un Real Decreto para elevar las tasas de reposición por encima de lo acordado en el marco de los Presupuestos de 2018, actualmente prorrogados. Más en detalle, las centrales quieren que, entre otras cosas, se abra la puerta a que algunas empresas públicas como Enaire puedan incorporar efectivos que ya estaban previstos a la espera de la aprobación de unas nuevas cuentas para 2019.

Igualmente, queda pendiente el desarrollo de un instrumento normativo para activar la ampliación de los permisos de paternidad hasta las ocho semanas en el seno de la Administración.

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