Edificio de viviendas
El texto, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, pretende garantizar y proteger el derecho a la vivienda, dar seguridad jurídica, potenciar el parque público de vivienda, establecer medidas para los mercados tensionados, al tiempo que respeta las competencias de las comunidades autónomas, como han insistido desde la cartera que dirige Raquel Sánchez.
El punto más polémico de esta ley ha sido la limitación temporal y acotada del precio de los alquileres y el establecimiento de las zonas tensionadas. Esta delimitación dependerá de las comunidades autónomas de acuerdo con los criterios estatales para poder optar a los beneficios fiscales.
No obstante, esa será la medida que más se tarde en aplicar, ya que el Gobierno se ha dado un plazo máximo de 18 meses desde la aprobación de la ley para establecer los índices de referencia que se aplicarán a los grandes propietarios en los mercados tensionados.
El objetivo es que la Administración estatal establezca un sistema que pueda utilizarse para estas limitaciones en los precios del alquiler en zonas tensionadas. El Ministerio sigue estudiando cómo se elaborará ese índice, aunque contempla “varias posibilidades”, como los registros de fianzas en las comunidades autónomas.
Así, se buscan “instrumentos que sean válidos y ágiles” para el Estado y las comunidades autónomas. “Tener un registro de contratos es bueno, no solo para control de precios de alquiler, sino también para control de garantías”, añaden fuentes del Ministerio.
Para conseguir la calificación de zona tensionada y sus consiguientes beneficios, las comunidades tienen que presentar la solicitud y alegar los motivos para la posible declaración como tal ante el Mitma. El Ministerio tendrá que aprobar una resolución de zonas tensionadas en el último trimestre del año.
La declaración del área tensionada tiene que corresponderse con los criterios del Estado, dentro de un proceso “reglado y garantista”.
En cuanto a las medidas de limitación, desde el Ministerio subrayan que serán para grandes tenedores, entendidos como tales las persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros.
Para los pequeños propietarios, la cartera defiende que se establece “un sistema de incentivación” que puede hacer “muy beneficioso el alquiler”, con beneficios fiscales de hasta el 90%, según los casos.
“Tienen que estar tranquilos, porque la política hacia los pequeños propietarios es incentivadora y ni mucho menos castigadora”, recalcan las fuentes del Mitma a la agencia.
Otra de las medidas que plantea la Ley es un recargo del IBI de hasta el 150% para movilizar las viviendas vacías. Ese porcentaje variará en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.
Esto será “potestativo de los ayuntamientos”, que decidirán si aplican o no esta medida. Desde el Ministerio sostienen que el impacto de esta medida “es relativo”.
En los casos de desahucios, la Ley de Vivienda “no paraliza el lanzamiento”, como aclaran desde el Ministerio, sino que faculta al juez para considerar si debe pedir a los servicios sociales informes de vulnerabilidad y si da tiempo para buscar una solución habitacional.
La modificación es una extensión de los procedimientos civiles, que se amplían a dos meses cuando el arrendador es una persona física y hasta cuatro meses cuando es una persona jurídica.
La vuelta de la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros se demoró cerca de un más por la falta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debía analizar la posible interferencia de tres artículos de la nueva normativa con la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sin embargo, el texto del órgano judicial aprobó un informe preceptivo, no vinculante, crítico con el anteproyecto del Ejecutivo, al considerar que la vivienda “es una materia de titularidad autonómica”.
El Mitma reconoce que el documento informó “de otros aspectos”, en relación a las competencias autonómicas, por lo que ha procedido al “ajuste formal de algunas cuestiones, clarificando el marco de la competencia y la cooperación entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado”.
“Nuestro texto cumple con el mandato constitucional, cumple con la división de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas”, han recalcado. Los cambios en el texto inicial responden a aspectos formales sin entrar en el fondo.
A pesar de las modificaciones, la futura ley mantiene el respeto al marco competencial de las autonomías, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la propiedad y derecho a la función social.
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