La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en Moncloa.
El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley para la puesta en marcha de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que, entre otros asuntos, permitirá que la factura de la luz baje un 13% en los próximos cinco años. Así lo ha asegurado hoy la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su habitual comparecencia tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.
El anteproyecto llega a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que considera que la creación de este mecanismo tiene “evitará subidas en el precio de la electricidad, dará señales claras de electrificación de la economía y aportará la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años”.
En concreto, el nuevo fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que ascienden a unos 6.600 millones de euros al año y serán así sacados del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.
El mecanismo será financiado con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía y podrá rebajar la factura eléctrica doméstica. Al contrario que en el sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales, los sujetos obligados a la financiación de este mecanismo serán los comercializadores de todos los sectores energéticos (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), que contribuirán al fondo en función de sus ventas.
Según ha asegurado Montero, que ha sido la encargada de realizar el anuncio, este cambio normativo supondrá la reducción de un 13% en la factura de la luz de los hogares en los próximos cinco años. Bajo el esquema normativo actual, el Gobierno se vería obligado a elevar la parte regulada entre un 10% y un 15%, “lo que sería económica y socialmente inviable” debido a que provocaría una subida “intolerable” del 6,5% en la factura de la luz solo el próximo año.
En ese sentido, la portavoz del Gobierno ha asegurado que el anteproyecto supone una “respuesta obligada y necesaria” para modificar el actual diseño del sistema energético, que “se planteó en un contexto de precios de la electricidad altos, un mix de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente”. Sin embargo, el descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, el escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables y la salida del carbón del mix generan una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico, considera el Ejecutivo.
El impacto del nuevo sistema propuesto será “socialmente progresivo”, ya que se espera que beneficie especialmente a los hogares más vulnerables, que son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta y sus consumos energéticos, por lo que la bajada del precio de la luz les beneficiará en mayor proporción.
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